La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que no crear el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podríada derivar en su inhabilitación para ejercer un cargo público, según lo establecido en el Código Penal.
Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, García ha recordado que el artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen a cumplir resoluciones judiciales u órdenes de la autoridad competente pueden enfrentar multas e inhabilitación para el cargo público.
La ministra ha subrayado que todas las comunidades autónomas han avanzado en la creación de este registro, excepto la Comunidad de Madrid, donde, según sus palabras, "el 99 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas".
"Un empeño personal"
García ha explicado que el Ministerio de Sanidad ha activado los mecanismos legales previstos para garantizar el cumplimiento de la ley, citando la reciente resolución judicial que obliga a Madrid a iniciar los trámites para crear el registro.
En este contexto, ha criticado que Ayuso haya manifestado su intención de no implementar la medida. "El empeño personal de esta ministra es otro: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres", ha sentenciado García.
Además, la ministra ha insistido en que las leyes y las resoluciones judiciales no se aplican según preferencias personales, sino que se deben acatar en todos los casos.
También ha anunciado que en los próximos días el Ministerio enviará una carta a todas las comunidades autónomas solicitando la información detallada sobre la organización de este servicio, incluyendo centros con ginecología y obstetricia que realizan IVE, distribución de profesionales objetores y medidas de gestión para garantizar la prestación efectiva del servicio.