La Comunidad de Madrid ha avanzado este lunes que recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el registro de médicos objetores de conciencia para el aborto y ha subrayado que el tribunal, en cualquier caso, "no entra en el fondo del asunto".
En concreto, el TSJM acuerda la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad y ordena a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para la creación del registro y la implantación del mismo conforme al protocolo consensuado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, informa Europa Press.
Tras conocerse esta decisión, la Consejería de Sanidad ha recordado que la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo "solo acepta la cautelar" solicitada desde el Ministerio e insta a iniciar los trámites pero "no entra aún en el fondo" de la cuestión principal.
En cualquier caso, fuentes del departamento que dirige Fátima Matute han avanzado que se presentará recurso en reposición cautelar contra este decisión. Lo hace, han remarcado a Libertad Digital fuentes de la Consejería, toda vez que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo".
La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la normativa vigente.
"Victoria judicial por el derecho al aborto", ha destacado en sus redes sociales Mónica García. "La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública. Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99% a la privada. Se acabó", ha añadido.
En la misma línea triunfalista se ha expresado la portavoz de Más Madrid. "Dijimos que Ayuso iba a pasar por el aro y Ayuso va a pasar por el aro. Derecho a abortar. En la pública. En Madrid", ha afirmado Manuela Bergerot.
La izquierda resucitó con fuerza el debate del aborto cuando el PP en el Ayuntamiento de Madrid cometió un error no forzado en al apoyar en octubre una iniciativa de Vox en la que se instaba a informar a las mujeres del síndrome postaborto, que no está avalado por la ciencia. El alcalde José Luis Martínez Almeida se retractó en 24 horas, pero la maquinaria del Gobierno se puso en marcha.
En este marco, el pasado 15 de noviembre la ministra de Sanidad anunció que el Gobierno iniciaría este contencioso. Dos días después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta decisión señalando que el aborto es "un derecho esencial, convertido en negocio" para la Comunidad de Madrid; algo que el Ejecutivo no iba a "permitir".
Un mes antes, el pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad había enviado un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid dando un plazo de un mes para su respuesta su registro. El Ejecutivo autonómico ignoró ese requirimiento, paso previo a acudir a los tribunales, decisión que finalmente acabó tomando. Desde la Comunidad de Madrid la despacharon señalando que "lo que tiene que hacer la ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez es solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es más importante".
Así, desde el Gobierno de Ayuso no entraron en ese momento a valorar el fondo del asunto, si bien es cierto que la responsable de la Sanidad madrileña, Fátima Matute, ya expuso hace unos meses cuál es la postura. "Preferimos que sea un tribunal el que nos indique qué hay que hacer, en vez de una ministra sectaria o un Gobierno sectario".
"Con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de conciencia y la libre objeción o cualquier derecho fundamental. Del tribunal evidentemente se acatará la decisión, pero como digo, con la Constitución en la mano, también lucharemos por defender los derechos de libre objeción y de conciencia que tengan los profesionales sanitarios", afirmó Matute.
Y es que para Isabel Díaz Ayuso quien se sitúa fuera de la ley es el Gobierno central pues la obligación a crear este registro de médicos objetores, chocaría precisamente con la Carta Magna. "El respeto y el anonimato de los profesionales está amparado por la Constitución Española", así como "la libertad de conciencia y que nadie pueda ser obligado a declarar sobre sus creencias". "Por tanto, es el Gobierno el que dinamita la Constitución, que es la ley de leyes", argumenta la presidenta.