Por si quedaba alguna duda después de las recientes evidencias, el secretario general del PSE guipuzcoano, Iñaki Arriola, ha decidido recordarnos pública y expresamente que "la defensa del interés público la representa siempre el Ministerio Fiscal", como cuando el fiscal general Conde Pumpido decidió inhibirse para permitir a ANV participar en las elecciones municipales y apoderarse de decenas de municipios sometidos durante décadas al Terror.
Siguiendo este razonamiento de forma aparentemente lógica, Arriola añade que "el interés jurídico (sic) no es algo privatizable y mucho menos cuando esa teórica defensa del interés público desde lo privado se hace para conseguir rentabilidades políticas, como ha sido este caso", en referencia al proceso contra Ibarretxe, López, Ares, Otegui y demás batasunos. Por ello, ahora espera el dirigente socialista que "esta doctrina, que tiene toda la lógica desde el punto de vista del Derecho, sea algo que quede patente" y "quede establecida en la Justicia española".
En primer lugar, es falso que la defensa del interés público la represente siempre el Ministerio Fiscal, motivo por el cual existe la acusación popular, porque es evidente que en ocasiones el interés público se ve enfrentado al Poder, como por ejemplo cuando en una democracia hay derechos humanos básicos que se ven vulnerados sistemáticamente por un Gobierno, por ejemplo en casos como el de los GAL o el de la negociación con criminales. Cuando eso sucede, ¿acaso el ministro de Justicia de un Gobierno es el mejor representante del "interés público" contra dicho Gobierno?
En segundo lugar, aquí no se trata de privatizaciones, y el recurso al lenguaje economicista sólo trata de confundir términos sacándolos de contexto para intentar hacer ver que la acusación popular (Foro de Ermua, Dignidad y Justicia) responde a una especie de intereses ocultos e inconfesables, "privados" para mayor escarnio, mientras que los fiscales controlados por Conde Pumpido y Fernández Bermejo, que se han vuelto a inhibir a la hora de actuar contra los que violan la Ley de Partidos, serían los legítimos y eficacísimos defensores del "interés público".
En realidad, el "interés público", como el "bien común" o el "bien general" son expresiones que atañen siempre a la sociedad, o, si se prefiere, al ámbito público de los intereses privados de los ciudadanos. Otra cosa es que sean también expresiones que los políticos utilizan a menudo para justificar sus decisiones aunque éstas sólo favorezcan a los poderes públicos, más que al interés general de la sociedad. En el caso de los socialistas, es evidente que sólo creen en la "Justicia social", una Justicia (jueces, fiscales y abogados del Estado) puesta al servicio del Poder omnímodo socialista, en muchos casos en contra del bien común de la sociedad y de sus más vitales intereses, como la derrota del terrorismo de ETA.
Pero al señor Arriola, como al resto de los socialistas, le importa muy poco que se haga Justicia y mucho que se archive la causa contra Ibarretxe (para que no haga la consabida campaña del victimismo), López y Ares (para que no queden inhabilitados dos de los suyos, ni siquiera para volver a negociar), Otegui y los otros cuatro batasunos (para que no ofrezcan demasiadas imágenes a la televisión de su habitual y repugnante comportamiento de sicarios políticos de ETA) con los que han negociado los socialistas.
Al menos, que Arriola deje de propinar patadas a la "lógica del Derecho" y no llame a eso "interés público", porque se trata más bien del interés particularísimo del partido de Rodríguez Zapatero y Eguiguren, cosa que es lo que precisamente el Derecho pretende limitar y controlar: los abusos del Poder público y de los particulares poderosos sobre los ciudadanos de a pie. De ahí la propia separación de poderes, de poco "interés público" para el Ministerio Fiscal socialista, y el reconocimiento constitucional expreso de la "acusación popular".