Tenemos un presidente de Gobierno empecinado en que la "memoria histórica" –o al menos esa memoria sesgada que utilizan constantemente los socialistas como arma arrojadiza- esté presente en la vida pública y privada de los españoles todos los días del año. Contrasta su actitud con el afán por olvidar del lehendakari Patxi López, que hoy en una entrevista en El Mundo es capaz de argüir, para no tener que responder sobre el escándalo del "caso Faisán", que "en el País Vasco no hay una atención puesta sobre este asunto, hemos superado esta etapa, que para nosotros es pasado". ¿Memoria ahistórica? Más bien selectiva, sobre todo teniendo en cuenta que este asunto está de plena actualidad y que, aunque Patxi no se acuerde, tiene que ver con los apaños mantenidos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con ETA.
Tiene además el lehendakari la osadía de usar como coartada el escaso interés del "País Vasco" por este asunto, pero resulta que el hecho inquietante de que agentes de Policía hayan ayudado a ETA para evitar frustrar la negociación política del Gobierno con los terroristas no es un asunto del que queramos olvidarnos buena parte de los vascos y la mayoría de los españoles, porque afecta a la misma esencia del Estado de Derecho, a sus garantes y defensores, como afecta al buen nombre de las Fuerzas de Seguridad del Estado y supone, una vez más, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y a la dignidad de las víctimas del terrorismo que siempre han confiado en la Justicia y en el Gobierno para acabar con ETA.
Cuando el Estado de Derecho se deja en suspenso para permitir una negociación política con una banda terrorista, nuestra Democracia se resiente, queda al albur de las decisiones extraparlamentarias y secretas de unos pocos. Ni luz ni taquígrafos.
Siendo grave y dolosa la desmemoria selectiva del lehendakari, no es menos grave la actitud del Gobierno al pretender restar importancia a estos hechos que no sólo afectan, como digo, a la sociedad vasca. Porque cuando el Estado de Derecho es utilizado torticeramente, cuando es puesto al servicio de unos muy determinados intereses de partido, las consecuencias afectan a la seguridad y a la estabilidad democrática de todos los españoles.
Actualmente PSE y PP gozamos de un entendimiento de base como alternativa a los nacionalistas en el Gobierno vasco, lo que me parece estupendo, pero no se puede decir desde ese mismo Gobierno que el "caso Faisán" está superado en nuestra Comunidad cuando no sólo no es así, sino que además tampoco puede valer de justificación para pasar página sin que se depuren las debidas responsabilidades –que, como vamos viendo, al parecer parten de la mismísima cúpula del Ministerio del Interior, como en el "caso GAL"-.
El Lehendakari quiere sentar las bases para "una nueva Euskadi" de forma que sea "solidaria, sostenible, competitiva y con mayores cotas de justicia y libertad para todos". Pero para ello lo que necesitamos sobre todo y ante todo es el respeto escrupuloso de las autoridades políticas hacia el Estado de Derecho. Sin esa premisa difícilmente se podrán poner las bases para un País Vasco donde imperen la libertad y la justicia.