La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha admitido a trámite la demanda colectiva de 380 agricultores contra la ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada en 2020 por la Asamblea Regional de Murcia. Los afectados reclaman a la Justicia la anulación de determinados preceptos por considerarlos abusivos, al implantar numerosas prohibiciones que hacen prácticamente imposible poder cultivar sus tierras como venían haciendo hasta la publicación de esa ley.
Los portavoces de los demandantes denuncian que esta ley supone, de facto, la expropiación de sus derechos de propiedad sin establecer indemnización alguna, una situación insostenible que está llevando a la ruina a muchos de los agricultores de la zona. Por tal motivo, los reclamantes piden la introducción de las modificaciones necesarias para hacer compatible el desarrollo de su actividad económica con la protección ambiental del Mar Menor, un espacio natural considerado como la joya de la corona turística de toda la región de Murcia.
El objetivo final de este contencioso es habilitar el camino para llegar al Tribunal Constitucional e incluso a la Unión Europea, dado que, según los agricultores, se trata de una norma que no protege realmente a la laguna salada al dejar fuera de sus objetivos algunos de los factores determinantes que están influyendo en los problemas que sufre ese espacio natural.
Los representantes de los agricultores afectados han reclamado también a los distintos gobiernos la construcción de las infraestructuras hídricas recogidas en el Plan de Vertidos Cero, para evitar la llegada al Mar Menor de toneladas de residuos urbanos como ocurre en la actualidad, como consecuencia de las deficientes redes de saneamiento de los ayuntamientos de la zona.