Continúa funcionando el ventilador que, orientado a Hacienda, está aireando los trapos sucios que afectan al PP. Después del escándalo Rato, ahora El País apunta directamente al exministro de Defensa y expresidente del Congreso, Federico Trillo. También coloca en el disparadero al diputado popular Vicente Martínez Pujalte.
Cuenta El País que, según la Agencia Tributaria, ambos políticos cobraron de una empresa constructora especializada en obra pública y beneficiada con por los parques eólicos en Castilla y León, Grupo Collosa. Los pagos se realizaron a través de los despachos de asesoría que tienen ambos políticos y fueron de 354.560 euros a Trillo en tres años y a Pujalte 75.000 en poco más de uno.
Según los dos afectados y la empresa constructora, esos pagos se realizaron a cambio de asesoría "verbal" de los primeros, aunque Hacienda no encuentra "ningún informe que justifique los cobros", tal y como cuenta el diario de Prisa.
Se trata de una información enmarcada en la trama eólica de Castilla y León. La información de la que dispone Hacienda incluiría contratos y facturas entre la empresa investigada y los despachos de Trillo, Estudio Jurídico Labor, y de Martínez Pujalte, Sirga XXI Consultores. Todo se circunscribe a los años 2006, 2007 y 2008.
Según El País el contrato con la empresa de Trillo (Estudio Jurídico Labor, del que Trillo participaba con un 70%. Dos de sus hijos, el 30% restante) se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando éste era diputado en la oposición. Se prorrogó de forma "tácita" durante los dos años siguientes. El acuerdo incluía el pago de 9.000 euros mensuales al despacho. Según cuenta El País, ese contrato recoge como objeto "el asesoramiento general y jurídico de la empresa" e incluye los ámbitos administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil", además de "los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora de la organización y las posibilidades de inversiones extranjeras de la empresa".
El diario de Prisa también recoge la versión de Trillo: "Es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico". Además, cuenta que la firma quiso salir de Castilla y León y fusionarse con sociedades de otras comunidades para lo que buscó asesoramiento. Respecto a su despacho, dice Trillo que "no es un chiringuito, es el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre", cuenta después de aclarar que está aprobado por el Congreso.
Sigue El País contando -y citando constantemente a la Agencia Tributaria- que cuando concluyó el contrato con el despacho de Trillo en 2008, Collosa contrató los servicios de otra asesoría jurídica vinculada al PP, la de Martínez Pujalte: Sirga XXI Consultores que, entonces, era propiedad al 50% de Martínez Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el Congreso. El primero, portavoz de la Comisión de Presupuesto y la segunda, diputada por Valladolid. En el caso de Pujalte, el contrato ascendía a 5.000 euros mensuales.
Pujalte ha señalado a El País que el trabajo de asesoría a Collosa se centró en unos problemas de propiedad y asegura que, ni siquiera estuvo en Valladolid. También dice que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda.