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El Gobierno ve factible que Puigdemont y Junqueras se presenten a las elecciones

Montoro admite que, ante el rechazo del PNV, será "muy difícil" aprobar las cuentas públicas antes de que concluya el año.

El Gobierno no descartó que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras puedan concurrir a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, subrayó Íñigo Méndez de Vigo, "todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos" y, en consecuencia, tiene la opción de ser candidato. Incluso desde prisión, según dieron a entender en la Moncloa.

"Todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho que van a participar en las elecciones y a mí me parece que es una buena noticia porque son los catalanes los que tienen que juzgar lo que ha pasado todos estos años y el callejón sin salida al que les llevó el Gobierno catalán", defendió el portavoz del Gobierno, al término del Consejo de Ministros. Desde el PP, de hecho, trabajan con ese escenario y "todo el victimismo posible" por parte del mundo separatista.

Un día más, Cataluña centró buena parte la reunión del gabinete gubernamental. En calidad de máxima responsable del Gobierno autonómico, Soraya Sáenz de Santamaría leyó ante Mariano Rajoy y los ministros un informe sobre el impacto de la aplicación del artículo 155. Y, según transmitió después Méndez de Vigo, la "normalidad" ha sido la tónica en las administraciones catalanas. "El funcionamiento del 155 lo resumiría como normal, especialmente porque hay una buena voluntad de todos por asegurar que los servicios públicos estén al servicio de los ciudadanos", según sus propias palabras.

Un tranquilidad administrativa que el Ejecutivo espera que se mantenga a pesar de que un sector del mismo auguró un posible rebrote de tensión en las calles por la encarcelación de Junqueras y de los exconsejeros que el jueves se trasladaron a la Audiencia. "Habrá que comprobar las consecuencias de la huelga que han convocado", en palabras de un asesor de Moncloa. "Las consecuencias que pueda tener las ignoro, pero el Gobierno será respetuoso", contestó Méndez de Vigo ante la pregunta de si teme que afecte a la campaña del 21-D e incluso a los resultados.

Millo, de nuevo protagonista

Instantes después de que Méndez de Vigo concluyera su comparecencia, en Barcelona era Enric Millo el encargado de dar más datos sobre las decisiones tomadas por el Consejo de Ministros en relación a los comicios desde Barcelona. El pasado martes, fue él que directamente ejerció de portavoz. En esta ocasión, informó de que el proceso electoral tendrá un coste total de 25 millones de euros, que se sufragarán en dos plazos: 17,3 millones este año y 7,8 en 2018. Anunció, también, que Antonio Puig Servet, del ministerio del Interior, se encargará del área de procesos electorales que dependía de la Consejería de Hacienda.

Tanto Méndez de Vigo como Millo también ocuparon parte de sus intervenciones en advertir de las consecuencias económicas del proceso independentista. Fátima Báñez aportó al Consejo de Ministros los últimos datos en materia de empleo."En Cataluña sólo se han creado 1.700 empleos frente a los más de 30.000 en Madrid o Valencia", alertó el delegado del Gobierno en la región. También puso como ejemplo la caída en las previsiones en materia de turismo.

Sin Presupuestos a la vista

Por su parte, el Ejecutivo dio prácticamente por imposible la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 antes de que concluya el año. "Lo veo muy difícil", reconoció Cristóbal Montoro, que también compareció junto a Méndez de Vigo y Luis de Guindos. El motivo no es otro que las reticencias del PNV a apoyar las cuentas por la gestión gubernamental ante el pulso separatista. Si bien, el titular de Hacienda no descartó que la situación pueda reconducirse a principios del año próximo, una vez pasen los comicios catalanes.

Así las cosas, Rajoy todavía alberga la esperanza de sacar adelante las cuentas públicas, aunque su equipo reconoció que hace falta tiempo. Íñigo Urkullu, enfrascado en su papel de mediador entre Moncloa y el Gobierno catalán, no quiere ahora bajo ningún concepto hacerle ese regalo político al Ejecutivo. "La interlocución con el PNV se mantiene", quisieron precisar, eso sí, las fuentes consultadas.

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