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Puigdemont en libertad: la Justicia alemana no ve delito de rebelión

La Justicia alemana ha dejado en libertad provisional a Puigdemont tras considerar que no hay delito de rebelión.

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La cárcel de Neumünster en la que sigue, por ahora, Puigdemont. | EFE

El primer pronunciamiento de la Justicia alemana sobre la extradición de Carles Puigdemont rompe con los planteamientos del juez Pablo Llarena. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein no ha resuelto la petición del magistrado del Tribunal Supremo, pero adelanta que no entregarán al expresidente catalán para ser juzgado por el delito de rebelión salvo que una instancia superior corrija el criterio. Los magistrados de la Sala Primera de lo Penal del mencionado órgano han acordado la puesta en libertad de Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros mientras estudian si acceden a la entrega únicamente por el delito de malversación.

La Audiencia considera en principio que la imputación de rebelión es "inadmisible" "por motivos jurídicos". En concreto, porque los hechos imputados al expresidente autonómico "no serían punibles en Alemania según la legislación vigente" en Alemania, es decir, no aprecian equivalencia con el tipo de alta traición. De acuerdo con el comunicado, no concurre el requisito de la "violencia". La decisión se toma en contra del criterio de la Fiscalía alemana, que en el pasado martes se pronunciaba en el mismo sentido que la española, aceptaba tanto el delito de rebelión como el de malversación y pedía que el expresidente de la Generalidad siguiese en prisión durante los trámites de la extradición por el elevado riesgo de fuga.

El tribunal de Schleswig-Holstein sí observa indicios de corrupción entendida como malversación de fondos públicos, de forma que el procedimiento de extradición sigue adelante. De ser entregado en estas condiciones, Puigdemont sólo podría ser juzgado por un delito castigado con una pena de prisión de cuatro a ocho años, además de una inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un plazo diez a veinte años. Descartan que el fugado esté sufriendo una persecución política.

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