La Alhambra, tarjetas black en prostíbulos, las minas de Aznalcóllar y el caso ERE

Cuando se observa el panorama de la corrupción en España, resulta llamativa la envergadura que adquiere un simple Máster en la Comunidad de Madrid, por falso que resulte, y la nula reacción de partidos y medios de comunicación ante hechos y casos que afectan en mayor medida al dinero público y a la decencia del gobierno de la Junta de Andalucía. La guinda la pone ahora el nuevo escándalo, segundo ya, en el enclave turístico más visitado de España que es La Alhambra de Granada, gestionada por la Junta de Andalucía, donde han sido detenidas 24 personas.

Este martes, la Policía de Granada detuvo a 23 personas vinculadas al Patronato de la Alhambra y el Generalife. La principal de ellas, María del Mar Villafranca, fue directora de dicho Patronato, pero se olvida decir fue nombrada por el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba en 2012 como nueva Secretaria de Educación y Cultura de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Villafranca, granadina, fue nombrada en 2004 directora general el Patronato de la Alhambra y el Generalife que lleva desde 2015 siendo investigado por diferentes irregularidades y corruptelas. Junto a ella, han sido detenidos Victoria Chamorro, José María Visedo y otros funcionarios y empresarios implicados en los contratos del monumento nacional que son considerados como "una organización criminal". Recuérdese que en el Ayuntamiento de Granada gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos dirigidos por Luis Salvador.

Aunque Salvador ha declarado que "se trata de acusaciones de delitos muy graves de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, organización criminal y fraude en la contratación acerca de un monumento como la Alhambra, cuya gestión debe estar caracterizada por el máximo rigor y la total transparencia". Pero ni Juan Marín ni el propio Salvador han elevado la voz ni puesto en cuestión sus pactos con el PSOE ni a nivel regional ni a nivel municipal.

Este nuevo caso de corrupción en La Alhambra sigue al que estalló en 2015, popularmente conocido como el caso de las "audioguías", por el que ya fue detenida la exdirectora María del Mar Villafranca y otros directivos del Patronato. Como consecuencia de aquella instrucción primera, se abrieron nuevas diligencias por otros contratos suscritos a empresarios y ciudadanos.

La operación Colina Roja II, que así se llama en la UDEF, investiga, subraya El Mundo, otra "administración paralela" creada por el Patronato que favoreció una "red clientelar" con "personal externo" al Patronato y que contaría con "ciertas personas" que habrían ostentado "un puesto de suma responsabilidad". Entre las cosas que investiga la Policía se encuentran trabajos que fueron pagados pero no realizados.

Tarjetas black y prostíbulos

El segundo caso que ha estallado esta semana es el de las tarjetas black, llamadas "sex-black" en algunos medios, relacionadas con la ex Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo de la Junta de Andalucía, implicada hasta el tuétano en el fraude de la formación y donde encontraron puesto de trabajo centenares de personas vinculadas al PSOE.

Dado que los documentos relativos a la Fundación no pueden ser fotocopiados por la oposición, el PP-A tiene que consultar uno a uno los documentos y anotar a mano sus contenidos. Una de las cosas descubiertas por esta investigación es que la UCO y Anticorrupción llevan dos años reclamando a la Junta tickets, facturas y pagos con tarjetas black de su Fundación Faffe por un presunto desvío de fondos públicos.

El PP andaluz quiere saber qué se pagó con las tarjetas black PSOE de la Fundación Faffe pero ya ha trascendido que una de estas tarjetas fue usada para el pago en un prostíbulo. Recuérdese que la Junta ha negado la existencia de tarjetas black en el PSOE y que no ha respondido a los requerimientos de documentación efectuados por las fuerzas de seguridad.

La Razón se hizo eco de las declaraciones de la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre que ha exigido a la presidenta de la Junta que remita al juzgado la información que la Justicia viene requiriendo desde el año pasado sobre los pagos con tarjetas en la Faffe.

"Estamos hablando de tarjetas black, opacas, cuya existencia ha negado siempre el PSOE y de las que la Junta, ahora que han sido descubiertas, se resiste a dar los datos a pesar de que quienes están pidiendo esa información son la UCO y la Fiscalía Anticorrupción", dijo. Mestre insistió en que la presidenta de la Junta debe "colaborar con la Justicia" y aclarar cuántas tarjetas opacas hay en la Junta de Andalucía; quiénes tenían esas tarjetas; y qué gastos se han pagado con ellas.

Una de las testigos, trabajadora de la Dirección Económico-Financiera de la Faffe, confirmó la existencia de las tarjetas negadas por la Junta. Según ella, usaba una de ellas el exdirector general de la fundación, Fernando Villén, que fue secretario de Empleo de la ejecutiva del PSOE andaluz. Tenía un límite de gasto de 3.000 euros, en una tarjeta asociada a dos cajas de ahorro controladas por el PSOE en aquel momento, Unicaja y Caja San Fernando

Recuérdese que Villén ya fue descubierto como "agente de colocación" de familiares y amigos en ducha Fundación. De hecho, durante su mandato, Fernando Villén como director general de Faffe, y su número dos, Joaquín Morales, director de Organización y Sistemas colocaron al menos a seis parientes directos en la estructura de la fundación, algunos en puestos directivos intermedios y al margen de los procedimientos exigidos a la Administración.

Manuel Villén Nogués era su sobrino. Su hermano Manuel era director de Actividad. Su esposa Concepción Ben Fernández también fue colocada. Su cuñada María del Rosario Ben Fernández era gerente de la fundación en Huelva. Joaquín Morales, el número dos de la Faffe, colocó a su hermana, Araceli Morales y a un cuñado, en Málaga y Córdoba respectivamente.

También en las minas

En cuanto a las minas de Aznalcóllar, escándalo que llegó a afectar personalmente a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aprobó la puesta en marcha de un proyecto ganador de un concurso judicialmente denunciado por afinidades del ganador con el PSOE andaluz, ha vuelto a resurgir como consecuencia de una presunta falsificación de documentos en el caso.

Se trata de un informe realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que analizaba el tratamiento de aguas de las dos empresas que compitieron por la adjudicación del yacimiento sevillano, Emérita Resources y Grupo México, una de cuyas filiales, Minera Los Frailes, se llevó el concurso habiéndose destacado su relación con el PSOE andaluz.

Ahora se ha sabido que aquel informe, que se creyó oficial por parte de la CHG, no lo era. Según la Confederación, fue un perito, Alejandro Rodríguez, el que por su cuenta y riesgo realizó el informe y que la entidad de aguas desconocía el proyecto de la adjudicataria para la mina, así como las modificaciones llevadas a cabo en el mismo por parte de Minera Los Frailes. O sea, que presuntamente se produjo una falsificación que pudo influir en la concesión del proyecto.

Y siempre el caso ERE

Por último, sigue el caso ERE en el juicio por el procedimiento específico seguido en la Audiencia Provincial de Sevilla por la concesión de fondos y ayudas que promete alargarse en el tiempo a pesar de la prisa que siente el Tribunal y que pretende cumplir los plazos previstos, plazos que conducirían el proceso hasta finales de este año.

Sumido en la fase testifical, contó este martes con la declaración de Francisco José Oyonarte que, por poner pegas a dineros y procedimientos, fue relegado y apartado por la Junta de Andalucía a los 16 meses de haber sido nombrado secretario general y responsable de la asesoría jurídica del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), desde febrero de 2003 hasta junio de 2004. Recuérdese que el IFA, luego agencia IDEA, era el organismo pagador de las ayudas.

Su declaración, recogida en ABC, ha detallado cómo se recibían presiones para la firma y el abono de las ayudas por parte de la Consejería de Empleo. Refirió además su tensión con el entonces presidente del IFA, Antonio Fernández, consejero de Empleo desde 2004 que finalmente lo destituyó. Luego le redujeron el sueldo un 30% como «letrado fuera del convenio» de la Junta.

Oyonarte dijo haberse enfrentado a Antonio Fernández García por las ayudas sociolaborales a exempleados de Primayor, al Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla) y a Atarazanas de Constantina por no corresponder su firma al director general del IFA. Igualmente, la ayuda de 1,4 millones de euros a Pickman que por su elevada cuantía debía ser aprobada por el Consejo de Gobierno.

Pero no había ni un papel, a pesar de lo cual la ayuda se aprobó por el consejo rector del IFA sin que él lo supiera y sin respetar los "límites legales". Cuando el fiscal le exhibió un escrito que indicaba que él había dado su visto bueno contestó que eso era "falso e inverosímil".