El Gobierno ha aprobado en segunda vuelta la Ley de Equidad Sanitaria que comenzará ahora su tramitación parlamentaria. Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la norma pretende "blindar la sanidad pública" y lo hará cercenando la colaboración público-privada regulando consorcios que sean "100% de titularidad públicas".
En un momento en el que la sanidad pública está casi colapsada, debido a las consecuencias de la pandemia, la ley primará "la gestión directa" y vetará, salvo "excepciones", la derivación de pacientes a la sanidad privada. Ésta sólo se contempla si es "complementaria y de apoyo, siempre y cuando no sea posible la gestión directa".
En ese caso, la Consejería de Sanidad deberá escribir unos "requisitos motivados" con cada paciente. La memoria deberá justificar desde el punto de vista sanitario, social y económico la necesidad de tener que recurrir a "otro modelo de gestión". El documento será examinado por el Consejo Interterritorial de Salud que será el organismo encargado de valorar "la necesidad de esa gestión".
A Podemos se le queda corto
La norma sin embargo no ha gustado a Podemos. Pese a que el Gobierno le ha dado luz verde, parte del Ejecutivo ha amenazado con tumbar la ley. "Si en el trámite parlamentario no hay una modificación que limite la privatización de la sanidad esa ley no va a salir", ha advertido el diputado, Juan Antonio Delgado.
La respuesta ha llegado desde la mesa de sala de prensa de La Moncloa. "Esto es una ley que emana del consejo de ministros", ha afirmado la ministra Darias, eludiendo las críticas del partido con el que comparte las reuniones de Gobierno. En el ministerio de Sanidad creen que prohibir expresamente la colaboración público-privada, cuyos contratos gestionan las autonomías, podría traerles complicaciones jurídicas e incluso con la Unión Europea.
"Hemos llegado hasta donde se nos ha permitido llegar", ha afirmado la ministra de Sanidad quien ha afirmado que, tras pasar por los órganos consultivos, la ley cuenta con "todos los informes preceptivos" y "respeta el ámbito competencias de las CCAA".