Sánchez prepara el proceso a Vox: ofrece a separatistas y Bildu un texto para acusar a Abascal de "apoyar la violencia"

Pedro Sánchez da nuevos pasos en su plan contra Vox. Si hace dos semanas el presidente trasladaba al Congreso su petición de un pacto de Estado para expulsar a la formación de Santiago Abascal del tablero político, ahora empieza a preparar el argumentario para ese ataque frontal. Y lo negocia con todos sus socios, incluido, por supuesto, Bildu. La declaración que prepara se basa en dos puntos: el primero, que Vox pidió ilegalizar a los partidos que atacasen la Constitución. Y la segunda, aún más forzada, que Vox "apoya la violencia". Y le ofrece la firma de esa declaración de acusación contra Vox a Bildu y los separatistas.

Sánchez no frena en su ataque a Vox. Todo lo contrario. La preparación del argumentario contra la formación de Santiago Abascal ya ha comenzado. El Grupo Parlamentario socialista acaba de registrar un nuevo documento en el Congreso de los Diputados en el que da dos claves de por dónde pretende argumentar el partido del presidente la supuesta falta de legitimidad de Vox.

Los socialistas comienzan su redactado señalando que "la Constitución Española de 1978 optó por un régimen de democracia abierta o 'no militante', en el que todas las opciones políticas tienen cabida, incluso aquellas que pretenden reformar aspectos centrales del Texto Constitucional". Por ello, según el PSOE, "aI no establecer cláusulas de intangibilidad, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha interpretado que nuestra Constitución facilita la participación política en su máxima expresión. Si todo cambio es posible, toda ideología debe estar permitida". Esa explicación debería defender a ojos de los socialistas la legitimidad de Vox. Pero no es así porque el partido de Sánchez la ve aplicable a los separatistas y proetarras, no a Vox.

"España es, por tanto, una sociedad constitucionalmente abierta en la que es posible defender en la arena pública cualquier objetivo político, aunque este contradiga aspectos relevantes de la Constitución, puesto que incluso estos aspectos relevantes son reformables". El PSOE no se frena en su exposición y alude sin miramientos al separatismo más radical: la "sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo, sobre la Resolución del Parlamento catalán de 23 de enero de 2013, por la que se aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña" señaló que "el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento", apunta el PSOE. Eso sí, el TC aclaró, como recoge el propio PSOE en su exposición que eso sería admisible "siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable".

Pero para el PSOE esas exigencias las cumplen sus socios separatistas y proetarras, pero no Vox: "En una sociedad tan plural como la española, optar por un régimen de democracia no militante, o abierta, fue un gran acierto de la Constitución Española, pues de esta manera ha sido posible integrar democráticamente las diversas sensibilidades políticas de nuestro país". Sin embargo, el partido de Sánchez afirma que "la aparición de la ultraderecha ha introducido un elemento de incertidumbre en una cuestión que estaba plenamente asumida en nuestra democracia. Y no nos estamos refiriendo solo a manifestaciones políticas desabridas descalificando a los adversarios políticos como ilegítimos, sino a propuestas registradas oficialmente en el Parlamento".

El PSOE alude, en concreto, "a que, en sede parlamentaria, en un Pleno celebrado en el Congreso de los Diputados el 15 de septiembre de 2020, se debatió y rechazó la toma en consideración de una Proposición de Ley de Vox de reforma de la LO de partidos políticos. Dicha Proposición de Ley pretendía la ilegalización de determinados partidos políticos por, entre otras cosas, "dar apoyo tácito o expreso a quien promueva o justifique o exculpe el deterioro de la unidad de la Nación Española" (Artículo Quinto). Para aquilatar todavía más lo que se pretende conseguir, también se aboga por declarar ilegal al partido político que "colabora habitualmente con quien actúe de forma sistemática de acuerdo con personas o grupos que promuevan, justifiquen o exculpen el deterioro de la unidad de la Nación Española".
Y, según el PSOE, eso supone que "la ultraderecha plantea la ilegalización de cualquier partido político nacionalista o de cualquier partido político que pacte con un partido nacionalista. Esto no sólo es contrario al derecho de participación política que recoge nuestra Constitución. No sólo vulnera la jurisprudencia citada del Tribunal Constitucional sobre la naturaleza de nuestra democracia. Refleja, a su vez, una concepción de España en la que se excluye a una parte importante de la población de la representación política".

El PSOE señala en ese momento lo que considera la clave de su ataque a Vox: "El único límite debe ser el que se estableció en el año 2002 para combatir el terrorismo: que los partidos no justifiquen, exculpen o apoyen la violencia para conseguir dichos fines". Y el partido de Sánchez tiene ya su sentencia condenatoria con respecto a Vox: "Ese era el consenso hasta ahora existente, que la aparición de la ultraderecha ha quebrado".

El segundo argumento para intentar expulsar del tablero político a Santiago Abascal pasa por acusarle directamente de "apoyar la violencia": "Todo esto no sería tan grave si estuviéramos hablando de una opción política que cuenta con el rechazo del conjunto de los partidos políticos democráticos. Pero la extrema derecha, la que aboga por la ilegalización de los que no piensan como ellos, acaba de entrar en las instituciones de gobierno, de la mano del Partido Popular". Y añaden los socialistas: "Una extrema derecha que incurre en la contradicción de querer ilegalizar partidos por tener objetivos políticos que pueden erosionar un principio constitucional, pero reniega a su vez de muchos de ellos, como el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones […]" y "se permite abogar por una especie de democracia limitada, en la que una parte de la población no pueda alcanzar la representación política".

Por todo ello, el PSOE expone su argumento de que Vox "ha quebrado" el consenso de "no justificar, exculpar o apoyar la violencia" para conseguir los fines políticos. Y afirma que "la participación política es un derecho fundamental a través del cual es posible defender cualquier objetivo político sin exclusión, siempre que dicha defensa se realice por métodos pacíficos".

Traducido: si Vox no respeta esa exigencia, según el partido de Sánchez, debe salir del sistema político español.