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El PSOE ordena demorar la ley de Seguridad Ciudadana mientras Podemos exige ya su aprobación inmediata

Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales unen fuerzas contra una reforma que les deja en posición de abierta inseguridad.

Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales unen fuerzas contra una reforma que les deja en posición de abierta inseguridad.
Un grupo de antidisturbios de la Policía Nacional. | David Alonso Rincón.

La Ley de Seguridad Ciudadana se ha convertido en una incómoda compañera para el PSOE. Pedro Sánchez hizo su campaña bramando contra la mal llamada "ley mordaza". Más tarde se dio cuenta de que, con teniendo en cuenta la naturaleza de sus compañeros de Gobierno y hasta de viaje, esta reforma podría dinamitar la operatividad de la Policía. Y posteriormente, los socialistas se percataron, además, de que con la luz y la calefacción por las nubes, el invierno llamando a las puertas, y los alimentos básicos a precios insalvables para muchas familias, la Policía podía pasar a ser su único aliado real en caso de movilizaciones en las calles. Resultado: ahora es el PSOE el que quiere una verdadera ley mordaza, pero a favor suyo. Pero, claro, el texto ya está en tramitación en el Congreso de los Diputados y Podemos le ha comunicado que quiere el texto en el BOE sí o sí según de inicio el próximo año.

Los morados han trasladado ya sus nuevas exigencias teóricamente presupuestarias. Y una es ha hecho chirriar los dientes a los socialistas: quieren ya en la calle y plenamente operativa la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la misma que limita el poder antidisturbios de la Policía. Porque quieren esa norma plenamente operativa, precisamente, en fase electoral.

La Ley de Seguridad Ciudadana no es una norma pacífica ni mucho menos. Ha generado una particular polémica con la Policía desde el primer día y es normal: pretender reducir el material antidisturbios, limitar la capacidad de los agentes policiales para realizar cacheos, restringe su posibilidad de contar con la presunción de legalidad en las actuaciones y hasta permite que se llegue a divulgar la identidad de los agentes en las operaciones policiales. Por todo ello, de hecho, y por la oposición de los representantes policiales, la norma está experimentando una muy lenta tramitación parlamentaria. Y esa lentitud es precisamente la que ha escamado a Podemos. Los morados quieren la norma y la quieren cuanto antes. Antes, en concreto, de que se acerque el periodo electoral.

Pero esa tardanza no es casual. El PSOE la ha ordenado. Y el motivo es sencillo de entender. Hasta ahora, los socialistas pensaban que la presión en las calles sería favorable a ellos. Pero eso era antes de que las familias perdieran más de un 13% de poder adquisitivo, antes de que la luz costara el triple, el gas cuatro veces mas y los precios generales plasmado en el IPC subieran a ritmos de inflación superiores al 10%. Momento en el que el PSOE se ha percatado de que, a lo mejor, resulta que la Policía, como garante del orden público, puede ser su parapeto.

Es más, esta norma sitúa en posición de abierta inseguridad a los agentes que salen a la calle. Y eso ha llevado a la Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta las policías locales a unir fuerzas frente a esa reforma.

Golpe contra la defensa policial

Los agentes consideran la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana como un golpe directo a su integridad y capacidad de defensa. De hecho, más de diez asociaciones policiales de todos los cuerpos han unido fuerzas para defenderse de la reforma legal que han exigido Bildu, ERC, Podemos e impulsado el propio PSOE.

El análisis de la reforma legal es compartido por todas las asociaciones policiales. Y calificada, sin rodeos, de un ataque a la seguridad de los agentes y de los propios ciudadanos, porque la norma limita la protección efectiva de los cuerpos policiales. "No es necesario recordar que todas las actuaciones policiales están sujetas tanto al control interno, como al control de jueces y tribunales a los que los ciudadanos pueden acudir cuando estimen que sus derechos no han sido respetados o han sido conculcados, así como el derecho que tienen a recurrir las sanciones ante los órganos con capacidad para imponer las sanciones, como ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo" señalan desde UFP.

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