El Senado ha aprobado de manera definitiva, por 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, la Ley de Memoria Democrática. Ninguna de las más de 500 enmiendas presentadas, en su mayoría por PP, Vox y Ciudadanos han sido respaldadas. El texto se mantiene tal y como salió del Congreso, con las enmiendas pactadas con Bildu, y se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado.
La popular Salomé Pradas ha acusado al Gobierno de "reescribir la historia" y "reabrir heridas del pasado". "Estamos ante una Ley que no es oportuna, ni necesaria, ni pacífica", ha añadido la senadora del PP. Desde el PSOE le ha respondido la portavoz en Senado, Eva Granados: "Hasta que no se abran las fosas, no se cerrarán las heridas".
Vox se ha centrado en recordar el respaldo de Bildu a la norma. "No saben la infinita repugnancia que nos da ver hablar de dignidad de las víctimas en un texto apoyado por los proetarras", ha añadido José Manuel Marín Gascón.
Víctimas hasta 1983
La norma declara ilegal la dictadura franquista y habla de crear una "comisión" para "reconocer y reparar" a las víctimas" de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha, por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983".
En la ley se explica que dicha Comisión será nombrada por el Gobierno en el plazo de un año. Fuentes del Ejecutivo afirman que estará formada por historiadores y especialistas. Ellos serán los que determinarán si los fallecidos entre 1978 y 1983 eran "luchadores por la libertad".
Entre los ejemplos que ponen está el asesinato de la joven vasca Yolanda González en 1980 por parte de terroristas del Batallón Vasco Español pero, remitiéndose al comité de expertos, se niegan a aclarar más casos entre 1978 y 1983. Los proetarras de Bildu esperan que estén Lasa y Zabala asesinados en 1983 por el GAL bajo la presidencia de Felipe González. Fuentes de Presidencia abren la puerta a indemnizaciones pero matizan que no se abrirán procesos judiciales sobre los casos posteriores a 1978 porque entienden que estos ya pudieron ser juzgados en democracia.