
La Asociación de Familias Numerosas de Madrid y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) se han concentrado este mediodía a las puertas del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra para protestar y presentar cientos de alegaciones contra la polémica Ley de Familias. A tal fin, ambas entidades han anunciado también la creación de una nueva plataforma que, a falta de ser bautizada, ya contaría con la participación de más de 130 asociaciones indignadas con los planes del Gobierno.
Hasta ahora, lo que ha trascendido del anteproyecto de ley es la creación de hasta 16 tipos diferentes de familias, así como la supresión del título de "familias numerosas" y su sustitución por "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", un cajón de sastre donde se incluirán desde personas con hijos con discapacidad hasta familias monoparentales o con partos, adopciones o acogimientos múltiples.
Ayudas en el aire
"Si todo es familia, ya nada es familia. Nos están anulando", denuncia María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid y madre de nueve hijos. Sin embargo, detrás de unos cambios que podrían considerarse meramente "ideológicos" se esconden consecuencias de gran calado. Sin ir más lejos, su principal temor es que, al tener que repartir los fondos disponibles entre más personas, las ayudas que gestionan las comunidades autónomas y los municipios se vean reducidas.
Precisamente por eso, llevan meses insistiendo en que cada colectivo pueda tener una normativa propia, pero sin meterles a todos en el mismo saco, ya que eso podría poner en peligro todo lo que han conseguido desde que en 1941 las familias numerosas lograron su propia legislación en España.
Un ataque a los derechos de los padres
Junto a este punto, tanto esta asociación como Concapa se oponen radicalmente al artículo 24 de la ley impulsada por Ione Belarra, que establece que "los progenitores o adultos responsables no podrán limitar o impedir el acceso de niñas, niños y adolescentes a la información y su participación en actividades de sensibilización y difusión de la diversidad familiar que se desarrollen en el marco educativo, a fin de evitar una restricción de sus derechos a la educación y al libre desarrollo de su personalidad".
Esto no solo supone un freno al pin parental que propone Vox para impedir los talleres LGTBI en los colegios, sino que, además, deja "sin ninguna validez la patria potestad y la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones filosóficas, morales y religiosas", tal y como advierte la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
"Una ley no puede restringir las libertades constitucionales", insiste el presidente de Concapa, cuya principal alegación gira precisamente en este sentido. Además, Pedro José Caballero lamenta que ni siquiera se les haya escuchado antes de redactar la normativa: "No se puede legislar para las familias sin contar con ellas".
"Un lobo con piel de cordero"
Por si todo esto fuera poco, Menéndez añade, además, que "la Ley de Familias es un lobo con piel de cordero", ya que, según denuncia, no es como el Gobierno la quiere vender: "Ofrece titulares bonitos pero que luego no son verdad: la prestación universal no es tal, el complemento para la infancia es sólo para los que tienen el ingreso mínimo vital... todo es un engaño, una farsa".
De todo ello pretenden concienciar a los ciudadanos y al resto de partidos políticos. Por eso, insisten en que esto no ha hecho nada más que empezar. Su intención es poner en marcha una plataforma que, al igual que ya hiciera Más Plurales con la polémica Ley Celáa, plante cara a los postulados del Gobierno y saque a la luz el verdadero trasfondo de una ley que, según resumen, constituye "un gravísimo ataque a la libertad de los padres, a la libertad educativa, a la patria potestad y al concepto mismo de familia, trastocando su esencia".


