Varias asociaciones feministas están convencidas de que el caso del supuesto policía infiltrado en el entorno independentista catalán que mantuvo relaciones "sexoafectivas" con hasta ocho mujeres es un claro caso de "abusos sexuales por parte del Estado" e incluso han creado un nuevo término, "terrorismo sexual de Estado".
"Ocho compañeras estuvieron saliendo o se acostaron con alguien que no existe, con alguien que el gobierno, ese que dice proteger a las mujeres, había puesto ahí para algo. No es como si alguien te engaña sobre su equipo de fútbol o su estado civil. Realmente la persona con la que te acuestas no existe y nunca ha existido", ha denunciado la Comisión 8M del movimiento feminista de Madrid en una columna de opinión publicada por Público.
A pesar de que las activistas consistieron en mantener relaciones con Dani, insisten en que "en una relación en la que una persona no es quien dice ser, el consentimiento y el deseo están viciados". Por ese motivo se cuestionan: "¿Podemos hablar de abusos sexuales por parte del Estado? Yo creo que sí", señala Patricia Aranguren, la firmante que representa la opinión del colectivo feminista.
Para Aranguren, los que "favorecen esas violaciones" son el Gobierno, las instituciones públicas, el Cuerpo Nacional de Policía y el Ministerio de Interior: "Es el uso de los cuerpos de las mujeres, de nuestros deseos y nuestras vidas, de nuestra intimidad y nuestra vulnerabilidad, de nuestros proyectos y nuestras esperanzas, como mecanismo de control por parte del Estado. Instrumentalización sentimental y terrorismo sexual pagados con dinero público".
La portavoz de la plataforma feminista madrileña también lamenta que "el miedo a que tu compañero de asamblea pueda ser un infiltrado destruye la confianza" entre los miembros del movimiento. Y se pregunta si ante la posibilidad de acabar acostándose con un policía infiltrado deben volver a la "marginalidad" o deben seguir haciendo "asambleas abiertas".
‘Spycops’ en Reino Unido
Aranguren también recurre a un precedente, el caso de los spycops en Reino Unido. Varios agentes encubiertos en movimientos ecologistas, políticos y sindicales iniciaron relaciones sentimentales con activistas hasta el punto de que algunos se casaron e incluso tuvieron hijos. Y de la noche a la mañana, cuando la misión acabó, aquellos hombres desaparecieron para siempre.
Especialmente llamativo es el caso de Kate Wilson, que mantuvo una relación con un agente infiltrado conocido como Mark Kennedy. En octubre de 2021, los tribunales de Justicia le dieron la razón a la mujer y en enero de 2022, se condenó al Consejo de Jefes de la Policía Nacional y a la Policía Metropolitana a indemnizar a la mujer con casi 230.000 libras esterlinas (258.800 euros), por violación de los derechos humanos.
Aunque no lo ha especificado en esos términos, la comisión feminista 8M de Madrid ha exigido al estado una "reparación", que informe sobre "dónde más está pasando" y que "cese ahora y para siempre". También lanza una amenaza hacia los policías infiltrados: "Os va a faltar planeta para esconderos".