El eco mediático y político que ha tenido la noticia publicada por Libertad Digital sobre la presunta trama del agua en Castilla-La Mancha ha desatado los nervios del PSOE, que teme que este asunto pueda ensombrecer tanto la inauguración de la llamada Tubería de la Llanura Manchega prevista para este miércoles como la precampaña de las elecciones del próximo 28 de mayo. Se trata de una querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores que denuncian la posible malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales, además de un perjuicio económico para la Comunidad de Usuarios de Rus-Valdelobos cifrado en más de 300 millones durante los últimos diez años.
"Algunos hoy están haciendo política virtual y falsa con la Tubería Manchega y acusándonos de corrupción cuando saben, y si no lo saben es que son malintencionados, que incluso todas las denuncias planteadas están archivadas. No hay nada que rascar", aseguraba el propio Emiliano García Page. El presidente de Castilla-La Mancha esconde, sin embargo, que si bien la querella ha sido inadmitida a trámite inicialmente por la Audiencia Nacional, los querellantes han presentado un recurso que todavía aguarda respuesta. Y eso sin contar, con que el transcurso de tal decisión, otra organización de consumidores y usuarios, AGUAIURIS, también habría solicitado su personación como acusación popular.
Mientras tanto, desde el PP piden explicaciones. "Nosotros lo que queremos es que Emiliano García-Page explique si hay o no hay caso de presunta corrupción en esta tierra, qué ha pasado para que más de 3.000 agricultores se hayan querellado contra la Junta de Comunidades por un caso de presunto fraude de más de 1.200 millones de euros y tiene que ser el Gobierno el que de explicaciones de las informaciones que hoy han salido en los medios de comunicación", ha señalado Carolina Agudo, secretaria general del PP de Castilla-La Mancha.
La querella criminal
La querella en cuestión va dirigida contra el expresidente José María Barreda, pero también contra varios de sus consejeros, así como funcionarios y cargos públicos que hoy en día habrían vuelto a ostentar un gran poder en Castilla-La Mancha. A todos ellos, les acusan de haber "manipulado y/o falseado" datos para vincular la Masa de Aguas Subterráneas Rus Valdelobos a la Cuenca del Guadiana -y, por tanto, al enclave protegido de las Tablas de Daimiel-, a pesar de en realidad éstas desembocan de forma natural en el Júcar.
De esta manera, los agricultores afectados se habrían visto sometidos a toda una serie de restricciones que habrían limitado su desarrollo económico conforme a su potencial real, mientras las distintas administraciones habrían obtenido "un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste".
De esta forma, los querellantes denuncian que todas las medidas que se habrían aprobado partiendo de esta división de cuencas estarían bajo la sombra de la sospecha: desde el Plan Humedales de José Bono hasta la faraónica obra de la Tubería de la Llanura Manchega que el propio Emiliano García-Page pretende inaugurar este miércoles, pasando por el Plan Especial del Alto Guadiana que, según denuncian, habría comprado pozos secos y caudalímetros a precios inflados.
Las fiscales de Sánchez tratan de enterrar el caso
Tras recibir la querella, el fiscal jefe anticorrupción emitió un decreto en el que aseguraba que "los hechos denunciados podrían dar lugar a delitos de Prevaricación, Falsedad en documento Público, Malversación de caudales públicos, Fraude a la Administración, Fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública española, así como desobediencia a la Autoridad Judicial y a las resoluciones judiciales firmes". Sin embargo, su investigación recayó en la fiscal María Elena Lorente de Pablo, quien habría solicitado su inadmisión, alegando que los hechos denunciados tenían un "trasfondo eminentemente contencioso-administrativo".
Se da la circunstancia de que, tal y como denuncian los querellantes, esta fiscal no es una fiscal cualquiera, sino una de las colocadas a dedo por Pedro Sánchez en la Fiscalía Delegada de Asuntos Europeos. Tras dirigir la investigación a Rodrigo Rato, el que fuera presidente de Bankia y vicepresidente económico de José María Aznar, el presidente del Gobierno decidió premiarla con este codiciado cargo junto a otros azotes del PP: desde Concepción Sabadell, la ex fiscal de la Gürtel que hoy dirige el equipo, hasta Pablo Ruz, Laura Pellón Suárez de Puga y Gloria Yoshiko Kondo, la otra fiscal que ya el pasado mes de diciembre trató de desentenderse del caso.
Además, de presentar la querella en la Audiencia Nacional, los más de 3.000 agricultores manchegos decidieron ya entonces dirigirse directamente a la Fiscalía Europea en España para alertar de la posible malversación de millones de euros de fondos europeos. Sin embargo, Yoshiko Kondo despachó el asunto alegando que, de las conductas denunciadas, "la gran mayoría es anterior a la entrada en vigor del Reglamento" que sirvió para crear este ministerio público comunitario.