El Congreso ha aprobado la Ley de Vivienda acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez con ERC y Bildu, que han dado su apoyo a una norma que permite, entre otras cosas, regular el precio de los alquileres, perjudicando con ello a los propietarios, además de dificultar los desahucios, beneficiando con ello a los okupas. También penaliza a los dueños de cinco o más viviendas que pasan a ser considerados "grandes tenedores".
A esta norma se unirá una nueva enmienda del PSOE que se incluirá en la Ley de Eficiencia Organizativa para permitir el desalojo de okupas en 48 horas, aunque bajo unas condiciones. Una maraña legislativa que sale adelante después de un Pleno muy tenso entre socios por estar en precampaña.
El Gobierno habla de "hito"
La ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha eludido las críticas de la oposición a esta ley y ha defendido que se trata de "reorientar la política de vivienda" con lo que considera "un hito". A la tribuna de oradores también ha subido la ministra de Asuntos Socialies, Ione Belarra, de Unidas Podemos, que ha protagonizado el discurso más duro en contra de la propiedad privada y a favor de los okupas.
Una intervención que ha comenzado dando las gracias a los activistas antidesahucios por "poner el cuerpo cuando puede implicar recibir violencia", a sus abogados o a los "periodistas que han acudido a contar alzamientos". "La Historia de las políticas de vivienda en España es la historia de un gran negocio construido sobre un gran consenso político: el del pelotazo, la especulación, la liberalización salvaje del suelo", ha dicho.
"Un ataque a la propiedad privada"
PP, Vox y Cs han criticado con dureza la nueva Ley de Vivienda, especialmente por la protección que brindarán a los okupas las enmiendas incluidas en leyes que afectan al Código Penal, perjudicando a los propietarios, que tendrán aún más difícil poder desalojar los inquilinos que no pagan.
"¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿que salgan a la calle y que ocupen lo que encuentren? ¿esa es la solución?", preguntaba irónicamente la portavoz del PP, Ana María Zorita, después de que también el portavoz de Vox, Iván Espinosa, criticara que la norma "supone el más feroz ataque a la propiedad privada" y "blinda a los okupas y legitima la usurpación de la propiedad, una auténtica salvajada".
Ambos partidos acusan al Gobierno de no solucionar con esta ley el problema de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes, principal sector de la población por el que ahora compiten la mayoría de partidos de cara al 28-M al tratarse de un voto más voluble.
También Cs, que se juega su supervivencia, y cuya portavoz Inés Arrimadas ha reprochado al Gobierno que "dejen de desenterrar a Franco a sus restos y a sus leyes" y ha recordado que "el control de precios ya lo inventó Franco".
ERC defiende a los okupas
Ante estas críticas, algunos de los partidos como ERC, han salido en defensa de la okupación. "¿A qué le llaman okupas?", ha preguntado la diputada Pilar Vallugera que ha tildado de "vecinos que están pasando un mal momento" a los que se quedan en pisos pese a no poder una hipoteca.
Aunque el mayor debate ha estado entre los separatistas de izquierda y derecha que se enfrentan este 28-M por el control de las principales ciudades del País Vasco y Cataluña. Es un paso corto para lo que nos gustaría haber hecho", ha afirmado el portavoz de Bildu, Oskar Matute. Algunos partidos de la mayoría Frankestein como el PDeCAT o el PNV se han mostrado en contra porque supone una "invasión competencial" o "recentralización". Algo que también han coincidido con los de Junts.
Unas afirmaciones que han calentado el debate con el ERC y Bildu. "Una demostración de la más absoluta incoherencia de los que llamándose independentistas aceptan la recentralización del Gobierno vasco", ha reprochado el peneuvista Íñigo Barandiaran.
Las críticas han indignado a los bildutarras y ERC. "Todos sabemos que el PDeCat y Junts no están por la contención de rentas", ha afirmado la separatistas Pilar Valluguera. Desde Bildu han añadido que no es "centralizador sino habilitante".
El PSOE se contradice
A la ley de vivienda se unirá una enmienda transaccional de PSOE con Podemos, ERC y Bildu en la Ley de Enjuiciamiento Civil en favor de los okupa. Los grandes tenedores tendrán que acreditar la situación económica del ocupante para discernir si se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
La enmienda ha creado un gran malestar entre el PSC o el PSOE de Castilla la Mancha. Para contentarlos, los socialistas han resucitado ahora una enmienda para desalojar a los okupas en 48 horas si el okupa "no tiene un documento que le relacione con esa vivienda". La idea, según ha relatado el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, es meterla en la ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia. Una norma que se está tramitando en la Comisión de Justicia.