Los pactos entre PP y Vox a nivel municipal se presentan mucho más sencillos de alcanzar que a nivel autonómico. Tener de plazo límite la constitución de los Ayuntamientos que se producirá el próximo 17 de junio, ejerce una presión que no existe en las comunidades, donde la fecha que más pesa es la del 23-J, cuando tienen lugar las elecciones generales.
Una piedra difícil de salvar para ambas formaciones pero, sobre todo, para el partido de Alberto Núñez Feijóo, que teme una pérdida de votos a nivel nacional si se echa en manos del partido de Santiago Abascal en regiones tan importantes como la Comunidad Valenciana y Extremadura.
En este contexto, el PP ha impuesto una "línea roja" que parece insalvable para llegar a un acuerdo con Vox en la Comunidad Valencia y es que "un condenado por maltrato no puede dedicarse a la política". Así lo ha advertido el portavoz Borja Sémper en hasta tres ocasiones al ser preguntado en una rueda de prensa en Génova por Carlos Flores y las negociaciones que se llevan a cabo entre ambos partidos en toda España, incluido esta región.
"Se trata de alguien que ha cumplido con la sociedad pero no es una persona que represente a los ciudadanos en igualdad de condiciones al resto de personas", insistía Sémper en referencia al candidato de Vox, al que reprochaba que como "condenado por maltrato no se debería dedicar al ejercicio público".
Carlos Flores fue condenado hace 20 años por maltrato psíquico a su ahora exmujer, además de haber militado en el partido Fuerza Nueva. Un perfil que se le atraganta a la formación de Feijóo, especialmente en plena avalancha de críticas de la izquierda por haber prometido que eliminarán el Ministerio de Igualdad. Medida que Feijóo matizaba asegurando que sus competencias deben ser asumidas por un departamento que forme parte del Ministerio de Asuntos Sociales.
PP y Vox negocian en 135 municipios
En las negociaciones entre PP y Vox uno de los principales escollos ha sido siempre la exigencia de Abascal de eliminar toda la legislación referida a la ideología de género, que los populares sólo se abren a reformar, remitiéndose siempre al pacto de Estado aprobado en 2004 por todos los partidos, cuando todavía no existía el de Abascal.
A nivel municipal, todas estas pegas parecen menores dado la urgencia de llegar a acuerdos de gobierno para "desbancar a la izquierda", como ha asegurado este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa en la sede de Bambú, poco antes de que compareciera Sémper.
Durante su intervención ha desvelado que ambos partidos negocian para gobernar en hasta 135 municipios en los que ganó la izquierda pero la suma de PP y Vox puede arrebatarles el gobierno. En Guadalajara, Molina de Segura y Elche ya han suscrito un acuerdo que podría extenderse a otros ayuntamientos como Alcalá de Henares o Arganda del Rey.
En todos los casos, Garriga ha advertido de que "Vox es imprescindible para el cambio" y que, por tanto, "harán valer sus votos", por lo que no se producirán abstenciones ni apoyos sin una negociación con el PP. Advertencia que hacía extensible también a las comunidades, aunque insistía en que "serán responsables" y mantendrán hasta el último minuto su "mano tendida" al partido de Feijóo.