Después de dos años ocultando las cifras, el Ministerio del Interior ha destapado por fin los datos que demuestran lo que ya era un secreto a voces: que los casos de sustracción parental se han disparado desde que Irene Montero aterrizó en el Ministerio de Igualdad y empezó a alentar a las mal llamadas "madres protectoras". No en vano, las cifras de los dos últimos años -en los que el Gobierno indultó a Juana Rivas (2021) y a María Sevilla (2022)- son las cifras más altas de la última década, algo que las asociaciones que luchan contra esta lacra califican de "catastrófico", ya que a ellas habría que sumar las sutracciones que nunca llegan a ser denunciadas como tal, sino que se desapachan como un mero conflicto de custodia.
Según constata el último informe anual publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), el año pasado, las fuerzas de seguridad registraron un total de 428 casos. Lo curioso es que, junto a estas cifras, también se destapan ahora las de 2021, año en el que, por primera vez, tal y como denunció Libertad Digital, el Gobierno decidió ocultar en sus estadísticas el número de secuestros parentales que se habían registrado en nuestro país.
Ya entonces, asociaciones como NISDE mostraron sus sospechas de que tal ocultación podría responder a un número inusualmente elevado. Y lo cierto es que, a juzgar por lo que ahora reconoce el CNDES -dependiente del Ministerio del Interior-, no se equivocaban. Tal y como aparece recogido en este documento, en 2021, las fuerzas de seguridad habrían recabado hasta 434 denuncias, la cifra más alta desde 2010, el primer año del que se tienen datos públicos. Además, el Gobierno ha corregido también los datos de 2020, año en el que hasta ahora había mantenido que apenas se habían producido 35 secuestros. Con la nueva actualización, y a pesar del estado de alarma con motivo de la pandemia del coronavirus, Interior cifra los casos en 294.
La legislatura de los indultos
Aunque Irene Montero asumió la cartera de Igualdad ese año, no fue hasta 2021 cuando empezó a abanderar la lucha de las mal llamadas "madres protectoras", y fue entonces cuando los casos de sustracción de menores empezaron a dispararse. Aquel año, el Gobierno concedió el indulto a Juana Rivas. "Es un acto de justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista", sentenció Montero, a pesar de las escalofriantes declaraciones que hizo su hijo y por las que Italia decidió finalmente otorgarle a Francesco Arcuri su custodia.
El menor confesó el chantaje al que Rivas le sometía para decir que su padre le maltrataba y reconoció ante el juez cómo le obligó a grabar vídeos y manipuló sus mensajes. Sin embargo, cuando la verdad salió a la luz, la ministra y todo su séquito ya se habían encargado de construir un relato en el que, aún hoy, muchos ciudadanos -y sobre todo muchas mujeres- siguen creyendo.
En 2022, año en el que los casos de sustracción parental se han mantenido en cifras récord, llegaría otro de los indultos más polémicos: el de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, condenada por mantener a su hijo secuestrado durante dos años en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) sin escolarizar y sin ver prácticamente la luz del sol hasta que la Policía Nacional dio con su paradero. Durante ese tiempo, el niño tampoco había pasado ningún control médico, por lo que acumulaba varias vacunas sin poner. Tal y como revelaron los agentes que le rescataron, la casa se encontraba en condiciones insalubres y estaba repleta de inscripciones bíblicas. De hecho, cuando se llevaron al pequeño, Sevilla no dudó en gritarle: "Recuerda que tu padre es el diablo, llévate la Biblia porque la vas a necesitar".
A pesar de la gravedad del caso, el Gobierno le concedió el indulto, una medida de gracia celebrada especialmente por Irene Montero, que llegó a calificarla como "madre protectora", aun sabiendo que todas las denuncias contra su ex fueron desestimadas. No en vano, la ministra ha sido condenada recientemente por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de María Sevilla, Rafael Marcos, por llamarle "maltratador".
Las cifras "se quedan cortas"
Las cifras ahora destapadas sugieren hasta qué punto estos episodios podrían haber influido en un aumento de los secuestros parentales que desde la Asociación Niños Sin Derechos califican de "catastrófico" y que, además, consideran que podría ser peor si cabe, ya que muchos progenitores ni siquiera llegan a interponer una denuncia y, por tanto, sus casos no aparecen en las estadísticas.
"La gran mayoría de las denuncias no se llegan a presentar debido a los impedimentos que aquellos agentes que no están formados en la materia les ponen para hacerlo. Muchas veces se les dice que es un tema familiar o un tema de custodia que se dirime por la vía civil. Por eso, nosotros insistimos en la importancia de la formación de policías y guardias civiles y en que siempre se denuncie tanto por desaparición como por sustracción", explica Javier Somoza, presidente de NISDE. Esta doble vía tiene una razón de ser: si solo se presenta una denuncia por desaparición y el progenitor que ha secuestrado al menor informa a las fuerzas de seguridad de que el niño está con él, no se investiga más. Si la denuncia es por sustracción, sí se siguen practicando diligencias.
Los datos que faltan
En cualquier caso, y a pesar de estar convencido de que las cifras destapadas ahora por el Gobierno "se quedan cortas", Somoza agradece al CNDES un ejercicio de transparencia que llevan meses reclamando a través de diferentes reuniones. Eso sí, de cara al próximo informe, esperan que, además, especifiquen "dónde desaparecen más niños, qué edad tienen tanto los menores como las personas que se los han llevado y, en caso de ser extranjeros, de qué país suelen ser nacionales, puesto que normalmente hay una correlación entre el país de origen del progenitor y el lugar al que se ha ido".
Su único objetivo es extraer toda la información posible para trabajar en la prevención. Y en aras de conseguir ese gran objetivo, están dispuestos a renunciar incluso a que se publique el sexo del secuestrador, ya que son conscientes de que en España esto es una cuestión controvertida. De hecho, hace ya cinco años, el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC, según sus siglas en inglés), situado en La Haya, publicó un informe en el que revelaba que 7 de cada 10 secuestros parentales son perpetrados por mujeres. La cifra había sido extraída de un pormenorizado análisis de los datos aportados por los distintos países. Sin embargo, ya se abroncaba a España precisamente por su opacidad en este sentido.