En plena ola de calor, los funcionarios de Extranjería de la sede 2 de Gerona están teniendo que trabajar estos días con temperaturas superiores a los 37 grados dentro de su oficina, debido a que la Subdelegación del Gobierno se niega a arreglarles el aire acondicionado que se les estropeó hace ya más de dos meses. Así lo denuncia el sindicato independiente CSIF, que asegura que, debido a esta situación, los empleados públicos están sufriendo lo que se conoce como "estrés térmico" y poniendo en grave riesgo su salud.
"En esta oficina, toda la fachada exterior es una cristalera y no tiene ningún tipo de ventilación, lo que hace que el calor se multiplique exponencialmente y que se den factores de riesgo para la salud del personal", advierten desde CSIF. Y como muestra, un botón: a las 13 horas de este martes, los termómetros del interior de la sede rozaban incluso los 39 grados, tal y como muestran las fotografías remitidas a Libertad Digital.
Con todo, el sindicato ya ha dirigido un escrito al subdelegado del Gobierno en Gerona, recordándole la "alerta roja por calor" en la que se encuentra Cataluña y amenazándole con paralizar por completo su actividad si no toma cartas en el asunto de inmediato. "Utilizaremos todas las vías legales para defender la salud de los trabajadores. Es incomprensible la tardanza en la reparación y es una falta de respeto hacia los derechos de los trabajadores" denuncia CSIF a través de una misiva, en la que advierte de que sus delegados de prevención "tienen la potestad de paralizar la actividad".
El presidente del sindicato en Gerona, Rafael Sánchez, confía no obstante en "que no sea necesario llegar a ese extremo", pero sí insiste en la necesidad de clarificar competencias, ya que, mientras unos y otros echan balones fuera, son los funcionarios los que se llevan la peor parte. A priori, las competencias sobre el funcionamiento de las oficinas de Extranjería corresponden al Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska. Sin embargo, la responsabilidad de la sede como tal sería de la Subdelegación del Gobierno. De ahí, el escrito remitido por el CSIF.
Sea como fuere, es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que, a través de un organismo u otro, tiene la obligación de garantizar que los trabajadores públicos cumplen unas determinadas condiciones laborales y trabajar a 38 grados excede de cualquier límite razonable.