Un juzgado de Barcelona obliga a reabrir al tráfico la calle Consejo de Ciento, a pesar de que las obras de peatonalización ya han concluido y el TSJC afea que una expropiación carecía de memoria de género.
La última gran obra acometida por la administración de Ada Colau es ilegal y el Ayuntamiento está obligado a revertir la situación. En mayo de 2022, Colau y sus concejales decidieron que la calle Consejo de Ciento sería peatonal en el tramo de tres kilómetros comprendido entre Vilamarí y paseo de San Juan. Se trataba de una de las "superislas" del Ensanche de Barcelona diseñadas por el equipo de Colau para "pacificar" la ciudad.
La peatonalización del eje viario contó con la oposición de comerciantes y vecinos, pero eso no suponía ningún obstáculo para una alcaldesa acostumbrada a imponer sus criterios. De modo y efecto que comenzaron las obras con el objetivo de que se pudieran inaugurar antes de la última campaña municipal. Sin embargo, lo que parecía sencillo, eliminar el tráfico de una calle de Barcelona, se convirtió en una auténtica pesadilla para los comercios y los vecinos de la zona. La maquinaria pesada invadió el largo tramo, partió el Ensanche diseñado por Ildefonso Cerdá en dos zonas, provocó pérdidas a los comerciantes, la subida de los alquileres y unas molestias que todavía duran, pues a día de hoy, más de un año después, todavía hay obras en algunas zonas de la calle y su mantenimiento plantea severas dificultades a los equipos municipales. Colau no pudo celebrar la conclusión de las obras como alcaldesa, pero sí que montaron algunas fiestas "ciudadanas" para festejar la antedicha "pacificación".
Se saltaron los trámites legales
Sin embargo, la magistrada del juzgado contencioso administrativo número 5 de Barcelona acaba de dar la razón a quienes se opusieron a las obras y las denunciaron, la entidad Unión de Ejes Comerciales y Turísticos de Barcelona, más conocida como Barcelona Oberta. La sentencia revoca el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de la capital catalana adoptado el 26 de mayo de 2022 porque Colau y sus concejales no cumplieron con los trámites legales oportunos para modificar el Plan General Metropolitano, circunstancia de la que alertaron grupos políticos de la oposición, urbanistas, historiadores, comerciantes y no pocos vecinos.
Dejar la calle como estaba
El fallo obliga al Ayuntamiento a dejar la calle como estaba, es decir con una calzada central destinada al tráfico rodado y con las zonas de carga y descarga en los chaflanes (esquinas cortadas) diseñadas por Cerdá. La sentencia destaca además la ausencia de estudios de impacto e informes alternativos. Ahora, el Ayuntamiento que capitanea el socialista Jaume Collboni sin, por el momento, el concurso de los comunes de Colau, tiene quince días para presentar un recurso. Caso contrario, la calle Consejo de Ciento, que atraviesa el Ensanche de este a oeste, deberá volver a las obras, levantar el pavimento y habilitar el espacio para los coches, dos carriles, más un carril bus y el carril bici.
Pero este no es el único varapalo judicial al equipo de Colau. El pasado mes de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la expropiación de la Casa Buenos Aires, un pabellón modernista en el barrio de Vallvidrera que pertenece a la congregación de los Padres Paúles y que tenía intención de vender a la empresa London Private Company para construir un hotel.
Una expropiación sin memoria de género
La intención del Ayuntamiento de Colau era construir pisos sociales y a tal efecto decidió la expropiación del edificio y, de paso, impedir la construcción del establecimiento hotelero. Sin embargo y según la sentencia del TSJC lo hizo con graves defectos de forma.
De entrada, el proyecto municipal carecía de la preceptiva memoria de género, lo que resulta particularmente destacado dado el carácter feminista que se atribuía el equipo de gobierno de Colau. La ley de urbanismo es clara al respecto: no puede faltar la memoria de impacto de género. El equipo de Colau acusa a los jueces de no haber revisado bien los documentos y asegura que ese documento sí consta. Por otra parte, los magistrados detectaron que la expropiación no estaba debidamente justificada por parte del Ayuntamiento y "aparece carente de motivación". De momento, el Ayuntamiento tiene las llaves de la finca, pero no puede ejecutar sus planes.