Incitación al odio, antisemitismo, xenofobia y prevaricación son algunos de los cargos que dos denuncias atribuyen a Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona que decidió romper relaciones con el Estado de Israel y cancelar el hermanamiento entre la capital catalana y Tel Aviv sin tener competencias en materia de política internacional.
La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y los abogados Francesc Jufresa (que solicitó el indulto para los condenados por el 1-O) y Ferran Grasas presentaron sendas denuncias contra Colau que han acabado en el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona. En la denuncia de la entidad ACOM se señala que la decisión de Colau de romper con Israel y suspender el hermanamiento con Tel Aviv son actos xenófobos y antisemitas que además discriminan a los ciudadanos israelíes que viven en España.
Juferesa y Grasas, por su parte, destacan que Colau carecía de competencias en materia de relaciones internacionales. Estos letrados sostienen que en la carta que la entonces alcaldesa envió el pasado mes de febrero al primer ministro Benjamin Netanyahu se calificaba a Israel como "Estado del apartheid", lo que a su juicio es "simplemente antisemita y por ello generador de odio al pueblo judío".
El 8 de febrero, Colau decidió remitir una misiva al Gobierno israelí en la que le acusaba de "violaciones sistemáticas de los derechos humanos". La exalcaldesa envió la carta tras reunirse con una plataforma de partidos de izquierdas y organizaciones sociales llamada "Barcelona con el 'apartheid', no" y que recabó 4.135 firmas para exigir el fin del presunto "apartheid" contra los palestinos.
La respuesta de Israel llegó al día siguiente. El portavoz gubernamental Lior Haiat calificó de lamentable la decisión de Colau de romper con Tel Aviv y dijo que era "un refuerzo para extremistas, grupos terroristas y antisemitas y va en contra de los intereses de los ciudadanos de Barcelona". Colau llegó a perder hasta tres votaciones en el pleno municipal, pero se mantuvo en sus trece al alegar que un decreto de alcaldía no necesitaba del visto bueno del plenario.
Esta es la quinta causa que acumula la exalcadesa, sobre la que pesan dos querellas por presionar supuestamente a fondos de inversión, una por la supuesta concesión de subvenciones a grupos afines y otra relacionada con las "supermanzanas" del distrito del Ensanche.