La denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) contra Yolanda Díaz por su reunión con el expresidente de la Generalidad prófugo Carles Puigdemont ha superado el primer escollo. En contra de la opinión de que la querella no tenía recorrido, el Tribunal Supremo ha dictado una providencia en la que da por registrada la denuncia y se designa magistrado ponente, señal inequívoca, según los letrados de SCC, de que la querella ha sido admitida. La entidad constitucionalista decidió denunciar a la vicepresidenta segunda días después de que la también líder de Sumar protagonizara una estampa con Puigdemont que ha sido considerada como "bochornosa" por la oposición y por algunos dirigentes de la vieja guardia del PSOE.
Díaz se dejó retratar muy sonriente junto al prófugo en lo que supuso un espaldarazo para Puigdemont. La fotografía y la reunión causaron perplejidad en la Unión Europea pues suponían la desautorización absoluta de la ofensiva judicial que España sostiene contra el golpista prófugo, una desautorización ejecutada además por un miembro del Gobierno en el marco de las negociaciones sobre una ley de amnistía para que Pedro Sánchez pueda continuar en la Moncloa.
La reunión tuvo lugar el pasado 4 de septiembre y en ella participaron el también prófugo Toni Comín y el exportavoz de Podemos en el Congreso Jaume Asens, considerado uno de los impulsores de los indultos a los golpistas y del cambio en el Código Penal para eliminar la sedición y abaratar la malversación. Cuatro días después, SCC decidió actuar judicialmente contra la vicepresidenta por "faltar a la obligación de su cargo y dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables".
Artículo 408 del Código Penal
La querella, redactada en el despacho de abogados Chapapría-Navarro y Asociados, que representa los intereses legales de la entidad, apunta que Yolanda Díaz podría haber vulnerado el artículo 408 del Código Penal, que recoge lo siguiente: "La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá". SCC considera que la vicepresidenta faltó a la obligación de su cargo e, intencionadamente, dejó de promover la persecución de personas encausadas por delitos gravísimos.
En el escrito acusatorio, la organización constitucionalista señalaba que Díaz no había acudido sólo como líder de Sumar porque primaba su condición de vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y que el objetivo del encuentro con el prófugo era encauzar la investidura del líder socialista. "Prueba de que acudió en representación del Ejecutivo en funciones es que la vicepresidenta no fue cesada de su cargo pese a hacer ostentación pública de la "normalidad" de su largo encuentro con Puigdemont y otros fugitivos por la causa del procés", se subrayaba en el texto.
También se apuntaba contra Moncloa, de la que se decía que "de ser cierto que desde el Ejecutivo nada se conocía de este encuentro antes de la noche anterior, la reacción lógica ante estos graves hechos habría sido la de cesar a Yolanda Díaz de sus cargos y no la celebración de sus más que dudosos logros".
SCC lamentaba también que Yolanda Díaz había legitimado al prófugo y que eso mostraba el poco o nulo respeto de la antedicha por el cargo que ocupa "con el agravante de que ella, no es otra cosa que, la representante del sujeto soberano contra el que atentó Puigdemont, es decir, de España"
Además se decía que "la conducta de Yolanda Díaz atenta frontalmente contra el interés general de todos los españoles, atenta contra la legislación vigente y contra las resoluciones judiciales existentes. Que una vicepresidenta se reúna con alguien reclamado por la justicia es algo inaudito y supone una evidente deslegitimación de las instituciones del Estado. La vicepresidenta no ha hecho sino proyectar una imagen lamentable de nuestro país en el exterior; es paradójico que desde el poder judicial se persiga al responsable de la mayor fractura entre españoles de los últimos años y que, desde las mismas instituciones del Estado se promocionen reuniones con dicho sujeto en busca de su beneplácito para una futura investidura a cambio de cesiones del todo inconstitucionales y que no hacen sino llevar a España a la decadencia".