El parlamentario de Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley Orgánica para reformar la norma del Poder Judicial. Los de Yolanda Díaz quieren actuar sobre el capítulo de derechos humanos para "acabar con la limitación de la justicia universal" y "recuperar la acusación popular" que, en 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió para evitar conflictos diplomáticos.
La reforma se produjo tras las quejas de China de que dos de sus expresidentes –Jiang Zemin y Hu Jintao- fueran imputados por la justicia española por el genocidio en el Tíbet. No fue la única actuación de la justicia española. Durante años, magistrados como Baltasar Garzón se erigieron como justicieros universales al tratar de perseguir al exdictador chileno, Augusto Pinochet, o al procesar por delitos por delitos de "lesa humanidad" a exmilitares argentinos acusándoles de la desaparición de ciudadanos españoles durante el Gobierno de Isabel Perón.
Ahora, Sumar busca volver a ese modelo e incluso yendo más allá. En la exposición de motivos de la Proposición, la formación de Díaz no oculta que con su Ley buscan "restaurar un sistema de justicia universal" que acabe "con crímenes de guerra" o "crímenes de lesa humanidad". Incluso presumen que su norma elimina "la mínima conexión con España" , que fue introducida en 2012 y que exigía que el imputado se encontrase en territorio español o fuese de nacionalidad española. Unas exigencias que, en el caso de genocidio, son aún más laxas. Sumar asegura que "no deberá exigirse" nada más, ya que "incumbe a cualquier país de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
Contra Netanyahu
La reforma está hecha ad hoc para perseguir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que la izquierda acusa de "genocidio" por su actuación en Gaza para eliminar a los terroristas de Hamas. El encargado de registrar esta Proposición, Enrique Santiago, no lo ocultaba su objetivo. "Los crímenes cometidos contra la población palestina en Israel quedan en la impunidad, no hay un mecanismo de persecución eficaz, no hay un interés de las instituciones judiciales en perseguirlo", añadía.
Incluso culpaba a Israel de presionar a Rajoy para que se limitase la justicia universal en las normas españolas. "Fue una reforma impuesta por Israel para cerrar un caso que se seguía en al Audiencia Nacional sobre ejecuciones extrajudiciales en Gaza", sentenciaba obviando las presiones de China para que no se persiguiese a la cúpula del PcCh.
Delitos de "apartheid"
La reforma de Sumar incluso añade un "delito de apartheid" . En ese punto, se busca perseguir los crímenes de un "régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre cualquier otro grupo". Un texto que coincide con el marco mental de la izquierda que acusa a Israel de "apartheid", pese a que el 20% de su población es árabe y tiene los mismos derechos que los ciudadanos judíos.
Al recuperar la acusación popular, bastaría con que una "persona física, jurídica" presentase una querella ante los tribunales españoles, al considerar que Israel comete un "delito de apartheid", para que un magistrado de la Audiencia Nacional empezase a perseguir a la cúpula gubernamental del Estado hebreo.
La Proposición de Ley está firmada por Enrique Santiago, secretario general del PCE; Aina Vidal, en nombre de los Comunes; Txema Guijarro, como Sumar, y Martina Velarde, diputada de Podemos. La norma será tramitada por el Congreso. Ahora queda por ver cómo se manifiestan el resto de los grupos y si alguno más se dispone a respaldarlo.