Un motivo de preocupación ha surgido en la mente de Carles Puigdemont. La posibilidad de conceder el apoyo a Pedro Sánchez para la investidura y que, tras ello, una decisión judicial europea pueda tumbar lo pactado, es decir, la ley de amnistía. Y es que, efectivamente, los jueces que tengan que aplicar la futura ley orgánica de amnistía podrían elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE en caso de que esa norma acabe violando la cláusula del Estado de Derecho 2 del tratado de la UE y de los derechos de Unión. Y, efectivamente, eso tiene pinta de poder ocurrir.
El razonamiento jurídico es sencillo. La ley de amnistía de 1977 e incluso la proposición de ley de 2021 señalaba que la aplicación de la ley de amnistía a cada caso concreto, por ejemplo, el de Carles Puigdemont, corresponde a los jueces y tribunales que conocen cada caso particular. La misma proposición de ley de 2021 presentada por ERC, JUNTS y PDeCat recogía sin matices esta premisa en su artículo 4. Y eso implica que ese juez tendría capacidad para plantear una cuestión de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional antes de decidir -cuestión que dirimiría el órgano controlado por Cándido Conde Pumpido- pero también otra cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE -no controlado por Conde Pumpido ni ningún jurista similar-.