El PP ha registrado una reforma del Reglamento del Senado para intentar poner el mayor número de trabas posibles a la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía de Pedro Sánchez. El Grupo popular pretende dejar varada la norma durante, al menos, dos meses para evitar que Pedro Sánchez dé satisfacción a los separatistas antes de la investidura. Su mayoría absoluta garantiza que el cambio vaya a salir adelante.
El partido de Alberto Núñez Feijóo propone modificar el artículo 133 de la norma que rige el funcionamiento del Senado para que la Mesa de esta Cámara tenga la última palabra sobre la tramitación urgente de las Proposiciones de Ley, no sólo de los Proyectos de Ley como hasta ahora.
De esta forma, el PP pretende sortear la artimaña empleada por Sánchez para que el Senado sólo pueda frenar la norma un máximo de 20 días, como ocurrió con los indultos, al registrar la ley de amnistía como Proposición de Ley por la vía de urgencia. Un procedimiento que le permite además eludir el control de los organismos constitucionales como el CGPJ o el Consejo de Estado que deben emitir informes para alertar de posibles problemas.
La reforma del PP
El Reglamento del Senado recogía hasta ahora en su artículo 133 que:
1. En los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el Senado dispone de un plazo de veinte días naturales para ejercitar sus facultades de orden legislativo.
2. Asimismo, la Mesa del Senado, de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores, podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia.
La reforma del PP unifica ambos puntos en uno sólo y añade un segundo para incluir también a las proposiciones de ley de tal manera que quedará redactado así: "en las proposiciones de ley, la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores."
El PP defiende en su propuesta que "el objeto específico de esta reforma reglamentaria no es otra que la de ofrecer mayores oportunidades al rigor y la calidad de la función legislativa del Senado" para que "en el trámite de las proposiciones de ley, y a diferencia de lo que sucede con los proyectos, los Senadores cuenten con el tiempo necesario para poder paliar, al menos, los déficits de documentación y análisis técnico y jurídico".