
PSOE y Junts ultiman la recta de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez esta misma semana. Las cúpulas de ambas formaciones están en sendos hoteles bruselenses, separados por apenas 300 metros, y comunicándose de manera telemática. Hasta la capital belga se ha desplazado la cúpula del PSOE con el número 3 del partido, Santos Cerdán, a la cabeza. También están los máximos dirigentes en comunicación de Ferraz para trasmitir cómo será el pacto.
El acuerdo político entre socialistas y separatistas ya estaría cerrado. Fuentes próximas a los negociadores afirman que ahora están en una fase "muy técnica" en la que los asesores jurídicos de ambas partes están revisando la ley de amnistía para adaptarlo a las últimas exigencias de Puigdemont. "Seguimos intercambiando papeles", afirman en el PSOE donde revelan que sus expertos están "revisando todo".
Según informan Europa Press y la prensa separatista, el PSOE ha aceptado que la amnistía incluya a responsables no ligados con el proceso separatista. Es lo que Puigdemont llama como "lawfare" o "causa general contra el independentismo". De ahí que quiera añadir a Laura Borrás, condenada por fracturar contratos públicos para beneficiar a amigos cuando era consejera de Cultura, o a Gonzalo Boyé, abogado del prófugo y acusado de blanqueo de capitales para beneficiar a unos clientes narcotraficantes.
Acuerdo con el BNG
En cuanto se firme este acuerdo podríamos conocer la fecha de la investidura, que sería esta misma semana. Los días más probables siguen siendo el 8 y el 9 de noviembre. A los socialistas sólo les quedaría por cerrar un pacto, el del PNV, tras acordar con el BNG un pacto de investidura.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha firmado el acuerdo con la líder nacionalista, Ana Pontón, y que incluye un 20% de quita de la deuda a Galicia. Algo que será difícil de acordar si el Gobierno gallego, en manos del PP, no lo autoriza.
El acuerdo también establece "la activación de la transferencia de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto" o la creación de cinco nuevos juzgados extraordinarios de Violencia de Género en Lugo, Orense, Compostela, Pontevedra y Ferrol. La parte más económica incluye descuentos en las autopistas AP-9 y AP-53

