El Gobierno ha decidido que en la última reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea bajo presidencia española no se lleve a votación el reconocimiento como idiomas oficiales de la UE del catalán, gallego y vasco. La decisión se debe a la falta de apoyos recabados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ante el riesgo más que evidente de que se perdiera una votación que requiere la unanimidad absoluta de los 27 Estados miembros para que la propuesta salga adelante.
El reconocimiento de la oficialidad del catalán en la UE fue uno de los compromisos suscritos con el PSOE con Junts per Catalunya (JxCat) en el primero de sus acuerdos, el relativo a la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso y la composición de la Mesa de la Cámara Baja. Horas antes de la votación, el 17 de agosto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, envió una carta al Consejo de la UE en la que se solicitaba la oficialidad del catalán, una "prenda" exigida por Carles Puigdemont desde Waterloo para dar su visto bueno al apoyo a Armengol.
La petición causó gran revuelo porque supuso el incumplimiento de la Ley del Gobierno en funciones, norma que en su artículo 21.3 establece que el Ejecutivo "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
En cualquier caso, la petición chocó con las reticencias de gran parte de los Estados miembros de la UE ante la posibilidad de que el reconocimiento del catalán provocara un alud de reclamaciones similares, hecho que no tardó en ocurrir y sin salir de España. La presión de nacionalistas vascos y gallegos llevó al Gobierno de Sánchez a incluir ambos idiomas en la propuesta, que de llevarse a cabo supondría un coste de 132 millones de euros que debería abonar España.
Presión de Junts
Sánchez y Albares se lanzaron a la piscina y dieron por seguro ante los negociadores de Puigdemont que ningún Estado de la UE se opondría a la medida, pero la cuestión comenzó a encallar a las primeras de cambio por las reticencias de diversos países y la falta de información técnica que avalara la propuesta española.
La reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE de este 12 de diciembre será la última bajo presidencia española, lo que faculta al Gobierno a confeccionar el orden del día y los temas que serán sometidos a votación. A partir de ahora, Sánchez se queda sin ese instrumento para dar satisfacción a las exigencias de sus socios separatistas.
Precisamente este lunes, el portavoz del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya (JxCat), Josep Rius, ha urgido al Gobierno a que cumpla este punto de sus acuerdos, ha alertado de que no se puede demorar por más tiempo y ha puesto en tela de juicio las "capacidades diplomáticas" del Ejecutivo. Sin embargo, no ha fijado un plazo para el cumplimiento del compromiso suscrito por Sánchez. También ha reclamado que se siga trabajando porque a su juicio, "el catalán cumple con todos los requisitos para ser lengua oficial en la UE".