Batalla en el Tribunal de Cuentas. Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad constitucionalista que ejerce de acusación en el procedimiento que se sigue Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas y una treintena de exconsejeros y altos cargos de la Generalidad por malversación de fondos públicos en favor del proceso independentista.
Ante la solicitud presenta por Junqueras y otros ocho encausados para que se suspenda la causa por la tramitación de la proposición de ley de amnistía, que arranca este martes en el Congreso, SCC ha enviado un escrito en el que pide al Tribunal en el que se pide la desestimación íntegra de las pretensiones de los independentistas. Fue el propio órgano fiscalizador quien ha pedido criterio a las partes demandantes antes de tomar una decisión.
Según el texto de los asesores jurídicos de SCC, el bufete Chapapría-Navarro y Asociados, "no existe un hecho nuevo que tenga relevancia alguna para suspender el curso del procedimiento" y "no hay artículo legal vigente que ampare la ilegítima injerencia que se pretende hacer en el funcionamiento de este Juzgado". La única novedad, se argumenta, "es que ha comenzado la tramitación de una ley que, a todas luces, y dicho por los operadores jurídicos más prestigiosos, es contraria a la Constitución Española y a uno de los pilares esenciales de la Unión Europea, como es el Estado de derecho, por lo que podemos poner incluso en duda que dicha ley cumpla todo el recorrido que tiene por delante y sea finalmente aprobada".
Además, el escrito realiza un somero análisis de la proposición de ley y constata que "es contraria a los artículos 1 (Estado de derecho), 9.3 (seguridad jurídica), 14 (igualdad de todos los españoles ante la Ley) y 117 (independencia y exclusividad judicial) de la Constitución". También alega que "a día de hoy no existe motivo alguno para que este Tribunal se pliegue a los burdos intentos de suspensión de este procedimiento de unos demandados que solo buscan la dilación de esta causa para verse beneficiados" por la posible amnistía.
Sociedad Civil Catalana exige a Mas, Puigdemont y Junqueras, entre otros, la devolución de cinco millones de euros que se destinaron a la llamada "acción exterior" en el marco de la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Precedente en Gerona
La proposición de ley de amnistía ya ha provocado la suspensión de un juicio que se debía celebrar en Gerona contra un grupo de cuatro "activistas" que cortaron las vías del AVE en 2018 en una protesta separatista.
El juzgado de lo Penal número 2 de Gerona aceptó un recurso de las defensas alegando que "aún cuando la ley de amnistía no se halla vigente en este momento, sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactado recoge, dentro de su ámbito objetivo, los hechos objeto de la presente causa por lo que, de prosperar su aprobación, habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal".
El escrito de la letrada judicial abogaba por "posponer la fecha del juicio con un margen temporal suficiente para clarificar la situación legislativa de la proposición de ley citada, la localización del testigo y la recuperación del agente". Y es que el juicio ya se había aplazado anteriormente por no encontrar a uno de los testigos y porque uno de los mossos que participó en la instrucción de la causa estaba y sigue de baja. La fiscalía se opuso con el alegato de que no se puede suspender un juicio por una ley que todavía no ha entrado en vigor.