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La proposición de ley de la amnistía provoca la primera suspensión de un juicio a independentistas

Aceptado el recurso de las defensas de cuatro "activistas" que cortaron las vías del AVE en Gerona; se sumó la Abogacía del Estado

Aceptado el recurso de las defensas de cuatro "activistas" que cortaron las vías del AVE en Gerona; se sumó la Abogacía del Estado
Corte del AVE en Gerona, en una imagen de archivo | Europa Press

El juzgado de lo Penal número 2 de Gerona ha comunicado a las defensas de los cuatro acusados de cortar las vías del AVE en esa provincia en una protesta separatista del año 2018 que su juicio ha sido suspendido. Se tenía que celebrar los días 12 y 13 de diciembre pero ante el recurso presentado por las defensas y al que se ha sumado la abogacía del Estado se ha decidido cancelar la vista. En un escrito de la letrada de la administración de justicia se justifica porque "aún cuando la ley de amnistía no se halla vigente en este momento, sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactado recoge, dentro de su ámbito objetivo, los hechos objeto de la presente causa por lo que, de prosperar su aprobación, habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal".

A continuación el escrito abunda en que es más razonable "posponer la fecha del juicio con un margen temporal suficiente para clarificar la situación legislativa de la proposición de ley citada, la localización del testigo y la recuperación del agente". Y es que el juicio ya se había aplazado anteriormente por no encontrar a uno de los testigos y porque uno de los mossos que participó en la instrucción de la causa estaba y sigue de baja.

Los acusados son tres hombres y una mujer a los que la fiscalía reclama cuatro años de prisión por desórdenes públicos. El juicio ha quedado señalado para los días 11 y 12 de noviembre del próximo año, cuando se supone que la amnistía ya estará en vigor, de modo que es harto dudoso que llegue a celebrarse.

La Fiscalía se ha opuesto a la suspensión alegando que no se puede aplicar una ley que todavía no ha entrado en vigor y que puede ser objeto de modificaciones en su tramitación parlamentaria. En cuanto a la abogacía del Estado, su argumento para apoyar la suspensión es "el coste personal y material" y "el principio de economía procesal".

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