La investigación judicial de la Audiencia Nacional apunta que la plataforma separatista Tsunami Democràtic podría haberse financiado mediante el "desvío de fondos públicos", bien a través de la adjudicación de contratos bien con la captación de subvenciones, llegando incluso a hablar de "la existencia de una suerte de red clientelar en el seno de la administración catalana", según se recoge en el sumario.
Así consta en la resolución del 28 de abril de 2021 por la que el entonces magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Alejandro Abascal, investigaba sobre el rol que Tsunami Democràtic habría jugado en los disturbios que siguieron a la sentencia del 'procés' en el otoño de 2019.
En base a los informes policiales, Abascal hace un extenso y detallado relato de los hechos investigados y de los presuntos responsables, deteniéndose en la estructura financiera que permitió a la plataforma independentista llevar a cabo sus acciones, calificadas en todo momento por el juzgado como terroristas y en contra del criterio del Ministerio Fiscal.
A raíz de las pesquisas, el instructor infiere que Iniciative Events SL, empresa administrada por Antoni Fusté y Roc Aguilera y "vinculada" a Xavier Vendrell (uno de los principales investigados en el procedimiento), sería una de las sociedades presuntamente beneficiadas por el desvío de fondos públicos.
Según consta en el auto, "los numerosos contratos públicos de los que Events ha resultado adjudicataria evidenciaría que Vendrell podría ser el administrador de hecho de esta sociedad, instrumentalizándola para el desvío de fondos públicos, o al menos que actúa de conseguidor de contratación pública a cambio de determinados beneficios".
El juez considera que de la investigación "se ha evidenciado la existencia de una suerte de red clientelar en el seno de la administración catalana que propicia que esta empresa reciba cuantiosos fondos provenientes de diferentes organismos públicos".
Pero aún hay más porque dicha empresa, fue registrada antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y en una nave que tenía como sede se incautó "numeroso material relacionado con la celebración de las votaciones".
En cuanto a la vinculación de esta sociedad con Tsunami Democràtic, un informe policial al que hace referencia el auto dice que "cabe la posibilidad" de que el escenario del acto organizado por la plataforma durante los cortes de la AP-7 fuera montado por Iniciative Events.
En este sentido, los investigadores no descartan que "esta persona jurídica hubiera podido ser utilizada para desviar fondos públicos" hacia la "estrategia global secesionista".
Jaume Cabani "pieza clave"
El magistrado también menciona a Jaume Cabani, el conocido como "el informático de Waterloo", como pieza clave en el flujo de dinero para costear esa "estrategia global secesionista". Sobre él, también reseña que "podría haberse financiado mediante el desvío de fondos públicos".
El informe refleja que emitió al menos una factura a la Plataforma de Proselecciones Catalanas, entidad presidida por Xavier Vinyals y "receptora de múltiples subvenciones públicas", por "un servicio que presuntamente no se habría producido, ascendiendo su importe a 10.594,00 euros". Alude también a una cuenta bancaria de Cabani "en la que se habría cobrado una subvención directa otorgada a la misma plataforma por 1.183.500,00 euros".
Abascal expone que Cabani "a través de sus productos bancarios estaría, por un lado, recibiendo dinero público a través de entidades intermedias que tienen adjudicación de subvenciones y, por otro lado, estaría soportando gastos relacionados con Carles Puigdemont", desde el mantenimiento de la casa de Waterloo hasta el pago a sus abogados, "obteniendo en parte este dinero de forma irregular".
Especifica que, según los informes policiales, Cabani "tiene diversas cuentas bancarias radicadas en Bélgica y Alemania" y en una de ellas recibió un ingreso de 10.000 euros de la Asociación Unidos por el Fomento de la Cohesión y la Catalanidad bajo el concepto 'QuotesNationBuilder', por lo que los investigadores creen que podría referirse a un 'software' homónimo usado para recaudar donativos para Puigdemont.
De esta forma, los investigadores perfilan a Cabani como elemento esencial de la maquinaria de captación de fondos, ya sean públicos o privados. De hecho, dicen que hizo de intermediario entre el jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay, y el banquero suizo Nicola Foglia para que éste donara 6.000 francos suizos (unos 6.300 euros) destinados a dar de comer a los manifestantes que colapsaron el aeropuerto de El Prat.
Por último, y como parte de dicha estructura económica, cita una conversación entre los ex dirigentes de CDC Víctor Terradellas y David Madí, de mayo de 2018, que "parece exponer la existencia de desvío de dinero público para financiar sus objetivos, llegando a mencionar la necesidad de realizar una legislación específica que provocase un cambio del modelo económico que transformase los recursos económicos de Cataluña en criptomoneda, para evitar el control de los poderes públicos".