Primera batalla de calado entre Junts per Catalunya (JxCat) y el PSOE. Los de Puigdemont amenazan al Gobierno de Pedro Sánchez con votar en contra del decreto ómnibus que incluye una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que según la formación separatista podría paralizar los efectos de la ley de amnistía.
La próxima semana el Congreso de los Diputados abordará el debate de la ley de amnistía y está previsto que se vote el decreto sobre las medidas anticrisis y el llamado ómnibus, una "macedonia" según la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en el que consta entre sus variados contenidos una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que podría retrasar la aplicación de la amnistía.
El punto en cuestión está inserto en el real decreto 6/2023 y consiste en que el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) implicará la suspensión de la amnistía hasta la resolución de la instancia judicial europea. Ese detalle ha provocado una gran indignación en Junts, cuya dirección considera que el Gobierno trata de aplacar así el malestar de los jueces y, de paso, colar un gol a Puigdemont.
Reunión Cerdán/Turull en Barcelona
La crisis abierta por el decreto ómnibus propició una reunión de urgencia celebrada el jueves en Barcelona entre el fontanero de Sánchez, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. El dirigente separatista anticipó a Cerdán en el encuentro el voto contrario a ese decreto y también al de las medidas anticrisis. El Gobierno defiende que no tiene intención alguna de aplazar la entrada en vigor de la amnistía, que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se arbitró a mediados del pasado año a fin de adaptar la legislación española a la europea y que están en juego los fondos europeos, en concreto 10.000 millones correspondientes a la cuarta entrega. El Ejecutivo también alega que ya antes del cambio una cuestión prejudicial ante el TJUE paralizaba los procedimientos.
En Junts aprecian una maniobra del Gobierno por la puerta de atrás, un intento de abrir la puerta a una paralización indefinida de la amnistía, un guiño a los jueces que podrían retrasar a su antojo la amnistía. De ahí los nervios en la formación separatista y las amenazas al Gobierno. Que los independentistas no se fían del PSOE es una de las coordenadas de las negociaciones. Y también que el apoyo a la investidura de Sánchez no fue precisamente un cheque en blanco. Cerdán trató de aplacar a Turull e incluso le ofreció la posibilidad de tramitar el decreto ómnibus como un proyecto de ley. También se deshizo en explicaciones sobre la voluntad socialista de que la ley de amnistía tenga efectos inmediatos, pero todo indica que costará convencer a los "juntaires" para que alteren un voto negativo que supondría un serio revés para el Ejecutivo. Además, los independentistas se quejan de que otros aspectos de los decretos a aprobar en el pleno de la próxima semana invaden competencias de la Generalidad.
Especulaciones con el PP
Los socialistas consideran, por su parte, que Junts entrará finalmente en razón y que sus negativas forman parte del método negociador exhibido desde el 23-J por Puigdemont. Aducen incluso que el PP podría votar a favor del decreto, lo que desactivaría el chantaje separatista. Y eso a pesar de la campaña desatada por el Gobierno contra los populares una vez refrescada la reunión entre el concejal del PP en Barcelona Daniel Sirera, y los separatistas Albert Batet y Josep Rius, exdirector de gabinete de Puigdemont, del pasado verano, cuando el PSOE negociaba con Junts la Mesa del Congreso y la investidura de Sánchez.
De modo que el pleno en el Congreso de la próxima semana se presenta como una sesión de alto voltaje. Por un lado el debate sobre la ley de amnistía, en el que no es previsible que se produzcan fisuras entre Sánchez y sus socios. Por otro, los decretos que Junts se niega a avalar a falta de garantías concretas sobre la inmediata impunidad de su jefe en el momento en el que se publique en el BOE la ley de amnistía.