La petición del Gobierno de Sánchez para reconocer el catalán, vasco y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea ha quedado aparcada en el orden del día de los ministros de los Veintisiete después de que España perdiese el control de la agenda de trabajo que cada semestre asume la presidencia rotatoria y que, desde el 1 de enero, pasó a manos de Bélgica.
Durante el semestre español, el compromiso del PSOE con Junts para que el catalán fuese oficial en Europa se debatió hasta en cuatro ocasiones en las reuniones de ministros europeos de Asuntos Generales. Todo ello, a pesar de las reservas de un gran número de países para modificar un reglamento, el de las lenguas oficiales, para el que cualquier cambio requiere de la unanimidad de los 27.
Ya en diciembre, varias delegaciones lamentaron que el asunto siguiera en el orden del día a pesar de la falta de avances y de no contar con la información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero necesario, a su juicio, para abordar una reflexión de fondo.
"No se tienen los datos necesarios para tomar una decisión", han señalado fuentes oficiales de distintos Estados miembros consultados por Europa Press. También han mostrado cierto hastío por el tema y confían en que la cita de diciembre fuera "la última en una temporada" en la que se abordara este asunto, una iniciativa "mimada" por el Gobierno de Sánchez, según describió un alto diplomático.
Bélgica lo saca de la agenda
En ese contexto, Bélgica, que el 1 de enero tomó el relevo de España como presidencia de turno del Consejo de la UE, ya ha dejado claro que no va a perder el tiempo con las exigencias secesionistas al gobierno de Sánchez.
A ojos del equipo belga, una reunión de ministros no debe ser visto como "un grupo de trabajo" y han dejado claro que hasta que no se resuelvan las cuestiones pendientes y haya un calendario claro para su desarrollo, no prevén que la petición española vuelva al debate de alto nivel, al menos hasta que se den pasos significativos a nivel técnico primero.
Esta dinámica se confirmó este viernes al publicarse la agenda formal del próximo Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE que se celebrará el 29 de este mes y que no incluye en su orden del día ninguna referencia a la petición española de reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea.
Con todo, fuentes de la presidencia rotatoria precisan que no "aparcan nada" sino que consideran que el asunto "necesita avanzar primero al nivel adecuado", esto es en reuniones técnicas, y una vez que los informes reclamados por los socios comunitarios estén sobre la mesa se podrá "poner de nuevo" en la agenda.
Además, advierten de que debe ser España quien "empuje" el expediente, habida cuenta de que de la iniciativa es de este país y de que sus socios siguen esperando información detallada de las implicaciones y alcance de los cambios que plantea. El Consejo está "a la espera" de recibir propuestas alternativas "compatibles" con los Tratados y que se apoyen en evaluaciones de impacto administrativo, jurídico y financiero.
Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez, rehén de las exigencias de Puigdemont, sigue defendiendo que el caso del catalán es un "caso único" que no sería extrapolable a otras regiones europeas e insiste en que asumirá la factura de introducir el uso del catalán, vasco y gallego en las instituciones europeas, o lo que es lo mismo, que lo pagaremos todos los españoles. En una evaluación preliminar, la Comisión Europea estimó en unos 44 millones anuales la introducción de una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea, lo que se traduciría en 132 millones de euros en este caso.