El titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se investigue a la exconsejera de Salud de la Generalidad catalana y en la actualidad vicepresidenta del parlamento autonómico, Alba Vergés, por haber frenado la vacunación de policías nacionales y guardias civiles durante la pandemia de coronavirus.
Dada la condición de aforada de Vergès y para evitar duplicidades, la causa se trasladará en su conjunto al TSJC, lo que afectará también al resto de los imputados, entre ellos el exconsejero por Junts de Salud y exsecretario de salud pública, el doctor Josep Maria Argimon, y otros exaltos cargos como Adrià Comella, Xavier Rodríguez Guasch y Marc Ramentol.
En el escrito remitido al TSJC, el juez aprecia indicios de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores al haber retrasado la vacunación de policías nacionales y guardias civiles para favorecer la de empleados de la Generalidad como mossos d'esquadra y bomberos, así como a las policías locales. También señala que a fecha de 24 de marzo de 2021 se había vacunado al 77% de los Mossos, al 68,9% de agentes municipales y bomberos de la Generalidad y al 77,9% de los miembros de la Guardia Urbana de Barcelona, frente al 3,6% de los efectivos de la Policía Nacional destinados en Cataluña y al 2,8% de agentes de la Guardia Civil de la región.
La declaración de Ramentol
La resolución del juez destaca que los indicios contra la exconsejera de Salud, Alba Vergés, proceden de la declaración de Marc Ramentol, que insistió en que fueron los altos cargos del departamento catalán de sanidad con Vergés a la cabeza quienes decidieron parar la vacunación de agentes del Estado. En un primer auto, el juez ya destacó que "nos encontramos ante una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria", así como "irrazonable". La única explicación plausible para el magistrado son "los sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios que están integrados en cuerpos nacionales". La decisión, se apunta también en el auto, dejó a los agentes "en una clara situación de riesgo para su salud".
Además, el sumario cuenta con los mensajes de WhatsApp intercambiados por algunos de los imputados en los que se muestra como las órdenes partían directamente de Vergés. Dichos mensajes fueron reproducidos por Libertad Digital y en ellos se muestra que la entonces consejera insistió en bloquear las vacunas destinadas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.