No fue una vez, sino varias. Porque hubo insistencia por parte de la Generalidad catalana en la exigencia de atrasar las vacunas contra el covid destinadas a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los WhatsApp que reproduce LD son las pruebas aportadas judicialmente que indican que fue la entonces consejera de Sanidad, Alba Vergés (ERC) la que reclamó retrasar la vacunación de los agentes sin aportar "argumentación", como señalan expresamente los mensajes de unos de los miembros de su gabinete.
Vergés es de ERC. Ahora ya no es consejera de Sanidad sino que ocupa el cargo de vicepresidenta del Parlamento regional. Y quien ha aportado las pruebas contra ella es otra de las personas señaladas hasta el momento por este caso judicial pero que, a diferencia de Vergés, cuenta con más apoyos en Junts: Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública en el momento del covid.
Tal y como ha publicado este diario y ahora se puede leer de los pantallazos extraídos de su propio móvil, Vergés reclamó "parar Guardia Civil y Policía Nacional". Es decir, parar su vacunación.
"La consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional", señaló el personal de su gabinete. "Otra vez la consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo". "Carmen, hablado con HC (honorable consejera) y SG (secretario general), no ven ni GC ni PN todas las edades, ven por franja de 60 a 65", señaló el mismo jefe de gabinete.
Y, efectivamente, los mensajes han sido aportados por dos de los imputados, la en estos momentos secretaria de Salud Pública de la Generalidad, Carmen Cabezas, y el también exconsejero de Sanidad y en el momento de los hechos secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.
Lo cierto es que los mensajes demuestran que Alba Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables del departamento de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete, de bloquear la vacunación contra el covid destinada para los agentes de la policía nacional y guardias civiles.
Hay que recordar que Argimon, el que ahora se defiende señalando a Vergés, fue designado por Junts para sustituir a la propia consejera en la Consejería de Salud. Argimon, de hecho, ha aportado esta documentación después de que el exnúmero dos de la exconsejera, Marc Ramentol, lo implicara en la adopción de las decisiones sobre el retraso de la vacunación a policías nacionales y guardias civiles.
La Fiscalía ya ha pedido al juez instructor que remita la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con el fin de abrir una investigación a Vergés. Y es que es aforada gracias a su actual cargo en el Parlamento regional.
La investigación fue lanzada a raíz de una denuncia de los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil: JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC ante el evidente retraso en la aplicación de la vacuna entre el 10 de febrero y el 24 de marzo del año en cuestión.
El 24 de marzo de 2021, de hecho, se había vacunado en Cataluña al 77% de los Mossos, al 68% de Policía Local, al 77% de la Guardia Urbana, y, por la parte de los agentes nacionales, al 2,9% de los agentes de Guardia Civil y al 3,6% de la Policía Nacional.