La historia del tripartito se repite. Como ya hizo el PSOE tras su primer pacto con ERC e ICV en Cataluña, ahora vuelve a impulsar desde Cataluña una reforma del sistema de financiación con el propósito de imponérsela a todo el resto de España. La iniciativa ya está lanzada. La ha tomado el PSC por medio de su Fundación Rafael Campalans. Y la conclusión es plenamente favorable para el separatismo: tumbar los actuales sistemas de nivelación de recursos entre CCAA. Es decir, acabar con la aportación de Cataluña -una tercera parte de la que paga Madrid- para que todos los españoles disfruten de unos servicios similares.
El plan viene recogido en un estudio de la fundación socialista titulado "Claves sobre la estructura y la negociación de la financiación autonómica". En el texto de ese informe se señala que "los aspectos fundamentales en la futura negociación del modelo de financiación autonómica seguramente tendrán que ver con qué se quiere igualar en la financiación, con cuánto se quiere igualar y con el volumen total de recursos destinados al nuevo modelo". No oculta el grueso de la reforma: no habla de mejorar la sanidad o la educación o los servicios sociales o la capacidad de los gobiernos regionales para bajar impuestos. No: habla de cuánto tienen que aportar al sistema las comunidades con más recursos para equiparar los servicios básicos en toda España.
Variables a tener en cuenta
"En primer lugar, qué se quiere igualar tiene que ver con cuáles van a ser las variables (y con qué ponderación) que van a formar parte de la fórmula que calcula las necesidades de gasto. Si la única variable de esa fórmula fuera la población, como en Canadá, entonces lo que se igualaría sería fundamentalmente la financiación por habitante", señala el estudio. "Elegir entre igualar la financiación por habitante y la financiación por habitante ajustado introduce un dilema entre claridad y precisión de la estimación. Si se optase por la variable de población como única variable para calcular cuánto necesita cada comunidad autónoma, entonces el criterio de reparto sería claro y transparente, pero se perdería precisión a la hora de tener en cuenta otros factores que pueden encarecer la prestación de los servicios en algunos territorios. Por el contrario, si se introducen otros indicadores en la fórmula, como viene siendo habitual, ésta puede llegar a ser más precisa en la medición de las necesidades de gasto, pero se pierde claridad en el diseño y es más probable que su diseño acabe estando sujeto a la negociación política", añade el informe.
Este asunto es clave: comunidades de mayor componente rural como Asturias, Galicia o Castilla y León cuentan con una población más envejecida, con una menor densidad de población y con mayores dificultades para prestar los servicios básicos. Eso, obviamente, encarece los servicios y exige más pago por parte de los territorios más urbanos, donde es más fácil centralizar la sanidad o la educación por la concentración de la población.
Qué es lo que se iguala
"En segundo lugar, otra de las cuestiones que generó más controversia en la negociación del actual sistema de financiación, como señalábamos con anterioridad, tiene que ver con el alcance de la nivelación o igualación de recursos a través de transferencias. ¿Se han de nivelar todas las necesidades de gasto como de forma implícita se venía haciendo en los modelos anteriores al actual? ¿O sólo debe igualarse el gasto en los servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales)?", se pregunta abiertamente el informe de los socialistas catalanes.
"Si sólo se igualan los servicios esenciales ¿qué ocurre con la financiación del resto de servicios? Como se comentaba más arriba, el sistema actual opera en teoría de una manera y en la práctica de otra. Aunque el modelo optase inicialmente por la nivelación parcial, intentando que la nivelación solo cubriera las necesidades en la provisión de servicios esenciales, con la introducción del Fondo de Suficiencia se acabaron teniendo en cuenta las necesidades globales de financiación, no sólo las de los servicios esenciales, por lo que en la práctica la nivelación era total. Además, para contentar a todos los actores implicados y conseguir el acuerdo, se añadieron fondos ad-hoc que acabaron dando lugar a los desajustes en el reparto de recursos que motiva la queja recurrente de algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana", argumenta el informe.
Una decisión política
"Así, una decisión importante que deberá abordarse de nuevo en las negociaciones sobre la futura reforma es cuánto se quiere igualar, es decir, en qué medida se quieren reducir las diferencias de recursos entre los distintos territorios", afirma. "Se trata de una decisión que debe producirse exclusivamente en el ámbito de la política, pues no existen argumentos económicos que justifiquen un determinado nivel de igualación, y ésta opera de manera muy distinta en países federales y descentralizados", asegura. Pero, obviamente, apoyar esta negociación en factores políticos y no económicos implica darle toda la fuerza a los apoyos del PSOE: los partidos separatistas.
"Finalmente, es importante clarificar que la igualación total no implica una igual financiación por habitante ajustado. Esto es así porque el mecanismo de igualación opera sobre las necesidades globales de gasto de cada comunidad autónoma y estas necesidades […] se calculan en gran medida con las transferencias recibidas a través del sistema anterior y, por lo tanto, incorporan las desigualdades en financiación que se acumularan bajo el modelo previo", sentencia.