La precampaña catalana ha comenzado en forma de exigencia. La de ERC pidiendo recaudar el 100% de los impuestos en una especie de concierto económico similar al vasco, pero disimulado con una mínima transferencia de "solidaridad" para sortear una posible inconstitucionalidad. En el Gobierno tratan de enmarcar este cupo dentro de la negociación del sistema de financiación que lleva 10 años caducado pese a que ERC lo desliga.
"Se va a impulsar una reforma del sistema en su globalidad", esto es, de "todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña, y del resto de territorios", aseguraba en los pasillos del Senado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En Moncloa desviaban la pregunta y la ministra portavoz, Pilar Alegría, y el de Economía, Carlos Cuerpo, deslizaban que es necesario un consenso previo e incluso tendían la mano al PP con una petición envenenada.
La ministra Alegría recordaba que ahora hay "11 comunidades de un mismo color político, y les animaba a que "trasladen una posición conjunta". Lo cierto es que saben que en la financiación autonómica no hay colores sino particularidades. Así, comunidades de signo opuesto, como Galicia o Asturias, tienen una peculiaridades orográficas, de dispersión de población o de envejecimiento que les une más que el partido que el partido que les gobierna. Lo mismo sucede con las dos Castillas.
En privado, el Gobierno se guarda el guante de seda con el que encajan la exigencia de ERC y reconocen que hay serias dudas sobre su constitucionalidad. No lo descartan del todo pero reivindican que "el modelo de financiación es la garantía de servicios públicos de todos territorios". De ahí que las dos únicas comunidades de régimen común que gobiernan (Asturias y Castilla la Mancha, ya que Navarra tiene un concierto económico) ya hayan dado la voz de alarma y se hayan posicionado en contra de la propuesta del socio del Gobierno.
En Moncloa son partidarios de "avanzar" en el actual modelo y están "dispuestos a reconocer" a Cataluña "singularidades que no tiene el resto". Ahí, deslizan competencias como los Mossos o la Justicia. En el acuerdo de investidura que el PSOE firmó con Junts, los de Puigdemont, al igual que pide ahora ERC, solicitaban "el 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya" y Ferraz les prometía "un diálogo singular" sobre el "impacto del actual modelo de financiación". Así que, tras las elecciones catalanas, es previsible que se cree un frente de ERC y Junts en el Congreso para exigir este concierto económico.
Que vuelva Puigdemont
En el Gobierno lo fían todo a una victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas. Lo que no aclaran es qué pasaría en Madrid si uno de los partidos separatistas, sea Junts o ERC, es marginado del Gobierno catalán. "La bola de cristal no la vamos a sacar", sentencian en el PSOE mientras que en el Ejecutivo le restan importancia a futuras exigencias porque los separatistas están "más en cosas filosóficas", en referencia a la amnistía, que "en cosas para Cataluña", pese a que el cupo no parece una cuestión nada metafísica.
En el núcleo duro del Gobierno de Sánchez han pasado de un cierto temor a la vuelta de Puigdemont a retarle abiertamente. "Que se presente porque saldría derrotado", sentencian fuentes gubernamentales donde creen que, si queda segundo o tercero, se demostrará que "ya no es el maléfico poder del Estado que te amordaza".
En Moncloa no quieren aclarar quién podría ser el candidato de Junts porque, como reconocen, tampoco ven ningún cabeza de cartel viable. Incluso sentencian que sería un "fraude" ver a Puigdemont encabezando la papeleta de Junts a las autonómicas y, a continuación, que sea también el número 1 en las elecciones europeas.