El Partido Popular intenta sacar todo el partido posible a su mayoría absoluta en el Senado, para convertir la Cámara territorial en un contrapeso del Congreso, donde las maniobras de Pedro Sánchez le otorgan buena parte de su control. Prueba de ello es la tramitación de la amnistía que tanta controversia genera. Los de Feijóo no sólo intentan parar la ley, sino señalar a los culpables.
Por ello, esta semana el PP ha vuelto a solicitar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el Consejo Fiscal emita informe sobre la legalidad de la amnistía. García Ortiz ya rechazó esta petición a finales de enero, cuando los populares cursaron por primera vez esta petición. El fiscal dijo entonces que un pronunciamiento de esta institución supondría "invadir competencias de la Fiscalía".
La negativa no ha frenado a los de Feijóo para volver a embestir contra el fiscal y que no eluda sus funciones, precisamente cuando no paran de aumentar los pronunciamientos en su contra, y crece cada día su cuestionamiento por plegarse a los intereses del Gobierno.
Los populares han aprovechado la llegada de la amnistía a la Cámara Alta para solicitar todos los informes que el Ejecutivo pretendía eludir con la tramitación urgente de la amnistía, desde el CGPJ a los letrados de Cortes o el Consejo Fiscal. El objetivo es armarse, sobre todo, de cara a Europa.
Además de la ofensiva contra el fiscal, el PP ha promovido también esta semana la reprobación de Félix Bolaños en el Senado, que saldrá previsiblemente adelante dada la mayoría de los populares. Los de Feijóo reprochan al ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes despreciar las funciones de la Cámara Alta por aspirar a imponer el criterio del Congreso.
Después de plantear un conflicto institucional entre Congreso y Senado por la tramitación de la amnistía, Bolaños aseguró que prevalece la opinión de la Cámara Baja, motivo por el que el PP ha solicitado su reprobación, además de criticar la manipulación que hace del informe de la Comisión de Venecia, que supone una enmienda a la totalidad de la amnistía, pero que el Gobierno vende como un aval.