La polémica desatada a raíz del informe de tres relatores de la ONU sobre las leyes de concordia de PP y Vox pone de manifiesto hasta qué punto el Gobierno teme que la imposición de su memoria histórica comience a resquebrajarse. El documento, elaborado a petición del propio Ejecutivo, ha sido utilizado por éste para exigir a Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana que den marcha atrás. "Naciones Unidas ha dicho que esas leyes tienen que ser revisadas, que no son aceptables porque vulneran derechos humanos, vulneran la memoria de las víctimas del franquismo", ha dicho este sábado Pedro Sánchez en su último mitin de la campaña catalana.
La realidad es que el documento no es más que una opinión particular de tres relatores que ha sido elaborado únicamente a partir de la información suministrada por el Gobierno y que, tal y como ellos mismos se han visto obligados a reconocer, no es "vinculante". Fabián Salvioli, el primer firmante del informe, es además una persona cercana a la izquierda, que en no pocas ocasiones ha sido invitado al Congreso de los Diputados a petición de Podemos y ERC, entre otros socios del Gobierno.
"Lo que dice es lisa y llanamente mentira", sentenciaba este viernes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que, al igual que el resto de los presidentes autonómicos, denunciaba que los relatores ni siquiera se habían puesto en contacto con él para contrastar la información "sesgada" que les había proporcionado el Gobierno de Sánchez.
El nerviosismo del Gobierno
La Ley de Memoria Democrática y la anterior Ley de Memoria Histórica han sido dos de las grandes banderas de un PSOE obsesionado con sacar a Franco del Valle de los Caídos, resignificar el ahora llamado Cuelgamuros y utilizar la dictadura franquista como cortina de humo cada vez que las cosas se tuercen en el Gobierno. En este contexto, las leyes de concordia de PP y Vox no vienen sino a acabar con el "consenso progre", como este viernes reconocían fuentes del partido de Santiago Abascal, lo que supone poner coto a la "visión sesgada" de la Guerra Civil y la conquista de la democracia que, según defienden sus impulsores, la izquierda estaría inoculando a las nuevas generaciones. De ahí el nerviosismo del Gobierno.
En contra de lo que Sánchez y los suyos pretenden hacer ver -ahora con los relatores de la ONU como cómplices-, las leyes de concordia "no excluyen a nadie, sino que amplían a la totalidad de víctimas los mismos derechos", como puntualizaba el presidente valenciano Carlos Mazón. Lo que realmente les irrita es que hasta tres comunidades hayan empezado ya a plantar cara a esa "visión sesgada" de la historia de España, lo que podría tener su impacto tanto en el contenido educativo que se imparte en ESO y Bachillerato como en la participación de determinadas asociaciones subvencionadas en las exhumaciones, entre otras cosas.
El "plan" de Aragón
Actualmente, solo ha sido derogada ya de forma efectiva la Ley de Memoria Democrática de Aragón. En sustitución de dicha norma, tal y como ha aclarado Jorge Azcón, lo que debaten los socios de Gobierno es un plan que no tiene rango de ley y que lleva por título "Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento de las víctimas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa".
En el preámbulo del texto, PP y Vox afirman que la norma anterior imponía "un relato oficial" e "ideológico de parte" que contribuía a sembrar división. En esta línea, ambos partidos entienden que cualquier pretensión de crear una historia oficial vulnera las libertades de pensamiento, conciencia, expresión y cátedra, "puesto que al legislador no le corresponde construir un relato histórico de ninguna época determinada". Así, denuncian que la ley ahora derogada hacía una "idealización extrema" de la Segunda República, condenaba crímenes de un bando de la Guerra Civil mientras relativizaba los del otro y solo consideraba víctimas a quienes sufrieron represión por parte de uno de ellos, excluyendo la "violencia política ejercida" durante los años 1931-1936. Precisamente por eso, el nuevo plan busca reconocer también a estas otras víctimas.
Además, con la derogación de la norma anterior, quedan suprimidos los mapas de fosas, las rutas de memoria democrática en la región, el Centro de Investigación de esta materia y las actuaciones en el ámbito educativo, al tiempo que se revisarán las subvenciones y ayudas económicas que se concedieron en su momento de acuerdo con dicha ley.
No obstante, el texto insiste explícitamente en que su derogación "no impedirá que las Administraciones Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales". De esta forma, se desmonta la principal crítica que los relatores de la ONU, a petición del Gobierno, hacen de las leyes de concordia y que, según dicen, "obstaculizarían el derecho a conocer la verdad" y a buscar a los miles de desaparecidos en las fosas.
La proposición de Castilla y León
En Castilla y León, PP y Vox presentaron el mes pasado la proposición de Ley de Concordia, que viene a derogar el Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. Este decreto recoge, en línea con el resto de leyes de memoria, que la Junta condena "los casos de vulneración de derechos humanos que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura franquista", excluyendo, de nuevo, a las víctimas de la Segunda República. La nueva norma impulsada por la coalición de Gobierno, sin embargo, abarca a "quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978".
Otra de las novedades que plantea la norma presentada en Castilla y León es la creación de una Comisión de Exhumaciones, que vendría a sustituir al actual Consejo Técnico de la Memoria Histórica, por lo que quedarían fuera de la toma de decisiones todas las asociaciones de víctimas, a las que, a priori, también se les retiran las subvenciones de las que hasta ahora disponían. Una vez se apruebe la ley, este organismo tendrá la plena capacidad para resolver todas las solicitudes para la localización y exhumación de fosas, lo que, en ningún caso, defienden desde el Gobierno autonómico, implica una obstaculización del derecho a conocer la verdad.
Tanto el Gobierno como los relatores denuncian, por otro lado, que la ley de concordia de Castilla y León no menciona la palabra "dictadura". Sin embargo, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que él mismo la ha "condenado públicamente" y que, de hecho, eso es algo que "se acaba de votar hace unos días en el Parlamento" autonómico.
La proposición de la Comunidad Valenciana
Al igual que Castilla y León, la Comunidad Valenciana también presentó el mes pasado una proposición de Ley de Concordia que deroga la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia que actualmente está en vigor en la región. Este texto también considera víctimas directas exclusivamente a las que se encuentran dentro del período de 1936 a 1978. Ahora, la propuesta de PP y Vox pasa por reconocer a todas las víctimas de la "violencia política y social". Por ello, abarca desde la Segunda República hasta la actualidad, incluyendo también en este caso a las víctimas del terrorismo de ETA, el GRAPO o el FRAP, así como las del terrorismo islámico. "La guerra civil nos debe enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias, el sufrimiento y la muerte fue la misma para todos. Las víctimas fueron y son víctimas con independencia del lugar donde cayesen", defiende el texto.
Por otro lado, la nueva Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana también recoge la disolución de las comisiones, organismos e instituciones de carácter público que se hayan creado como consecuencia de la ley de memoria democrática. Sin embargo, asegura explícitamente el reconocimiento y la protección de los derechos de las víctimas y sus familias a la localización, identificación y exhumación de los desaparecidos o a la reparación y preservación de su memoria entre otras cosas.
De hecho, el propio Carlos Mazón aseguraba este viernes que, desde que accedió al Gobierno valenciano "se han iniciado 422 exhumaciones provocadas por la violencia de la dictadura franquista", lo que desmontaría las acusaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de los relatores de la ONU. En este sentido, el presidente valenciano insistía en que su proposición de ley de Concordia, actualmente en tramitación en Las Cortes, "consolida y blinda los derechos de todas las víctimas" de la dictadura y lo único que hace es "incorporar nuevos derechos" a otras víctimas de violencia política que también los tienen.