Sociedad Civil Catalana (SCC), la entidad constitucionalista personada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los actos perpetrados por Tsunami Democràtic, ha pedido al juez Manuel García-Castellón que dicte orden de detención internacional contra los fugados que se han negado a declarar. Algunos de los imputados se han fugado de España y se niegan a declarar por cualquier medio ante el magistrado a la espera de que entre en vigor la ley de amnistía, que se votará el próximo jueves 30 en el Congreso de los Diputados.
De todos los citados esta semana por el instructor del caso, sólo acudió a la cita para una declaración telemática la dirigente de ERC Marta Molina. Sólo contestó a las preguntas de su abogada en un trámite que duró cinco minutos y que se saldó sin orden de detención a pesar de que está investigada por hechos que el juez considera que pueden ser delitos de terrorismo.
Tsunami Democràtic fue el nombre dado a la plataforma separatista que causó los violentos altercados con asalto al aeropuerto de El Prat incluido en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe de Estado. En ese episodio falleció un ciudadano francés a causa de un infarto. En sucesos posteriores dos agentes de la Policía Nacional fueron heridos de extrema gravedad y estuvieron a punto de perder la vida.
Además de Carles Puigdemont, su mano derecha, Josep Lluís Alay, y Marta Rovira están encausados el exdiputado autonómico de ERC Rubén Wagensberg así como un miembro de Òmnium, un empresario de Gerona y un periodista afín a las causas antisistema. Estos últimos cuatro, fugados en Suiza, se negaron a comparecer en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, a diferencia de Marta Molina.
Contra el criterio de la Fiscalía
Sociedad Civil Catalana ha emitido un comunicado en el que señala que "el Ministerio Fiscal no es partidario (de las órdenes de detención) y ha defendido que se fije una nueva fecha y se permita a los investigados declarar por videoconferencia. Societat Civil Catalana, representada por el bufete Chapapría-Navarro & Asociados, pedirá al juez que dicte la orden de busca y captura. Por más que la ley de amnistía pretenda lo contrario, hechos de tal gravedad no pueden caer en el olvido ni en la impunidad. Los responsables de aquel violento ataque contra las infraestructuras básicas del Estado y contra la convivencia deben rendir cuentas ante la Justicia".