El Tribunal Constitucional pretende evitar un ridículo objetivo en su decisión sobre la amnistía y ha preferido acogerse ya a la postura judicial de esperar a conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la UE antes de emitir su sentencia sobre la ley de amnistía. De esa manera, si el tribunal europeo tumba la amnistía de Sánchez, al menos, podrá imitar los argumentos y no contradecir a la máxima corte europea y órgano de obligado cumplimiento en todos los países miembros de la UE.
El TC de Cándido Conde Pumpido lo ha argumentado internamente asegurando que debe asumir un reciente fallo judicial que señala como lógica la postura de no resolver hasta comprobar el criterio del TJUE en materias que son elevadas por recurso previo al organismo europeo. Y, aunque es cierto que esa es la corriente creciente y dominante en la Justicia, también es cierto que no era la postura inicial del TC de Conde Pumpido, que pretendía avalar con su sentencia la amnistía para facilitar la aplicación.
Ahora el criterio cambia y lo hace desde un organismo que no forma parte del orden jurisdiccional para adoptar un criterio del orden jurisdiccional. Y lo hace tras confirmar que la Comisión de Venecia, órgano consultivo de la UE en materia constitucional ha propiciado un severo varapalo a la ley de amnistía. Y es que ello anticipa previsiblemente una derrota de la ley ante el TJUE.
Efectivamente la postura judicial defiende que sólo cuando el TJUE haya decidido debe darse paso a la cuestión de inconstitucionalidad. Y eso se convierte ahora en todo un balón de oxígeno del TC para evitar el ridículo de contravenir la postura posterior del TJUE.
Hay que recordar que la Comisión de Venecia, efectivamente, descalificó recientemente la ley de amnistía. En su dictamen, ha asegurado que la amnistía realmente requiere una reforma constitucional y una tramitación con amplias mayorías, no por medio del mecanismo elegido por el Gobierno. También ha subrayado la contradicción entre el presunto objeto de la ley —la reconciliación— y sus efectos: una gravísima división política, jurídica, institucional y social. Igualmente ha requerido de consenso y controles especiales, de los que carece la reforma legal. Ha censurado su carácter ad hominem: a la carta de delincuentes concretos. Ha descalificado la inseguridad jurídica y la quiebra del principio de igualdad resultantes de la amplitud del marco temporal y su aumento arbitrario en plena tramitación para meter en su radio de acción, de nuevo, a más personas concretas relacionadas con el golpe separatista. Ha advertido de que el terrorismo debe ser excluido sin matiz alguno. Ha avisado de que las comisiones de lawfare contra los jueces son incompatibles con el Estado de Derecho. Y ha subrayado que los jueces deben tener la última palabra y, por lo tanto, que la ley no podrá aplicarse de forma automática.
Ese dictamen será analizado por el TJUE como parte de su documentación. Y eso es un negro anticipo para un TC volcado en la bendición de la ley de amnistía del Gobierno.