En el PSOE son conscientes que en su partido nunca hubo unanimidad en el tema de la amnistía. Algunos de los líderes territoriales más veteranos, como Javier Lambán o Emiliano García Page, nunca dudaron en expresar su malestar sin que se rompieran del todo los puentes.
La relación entre el núcleo duro del Gobierno con el barón castellano-manchego es "fluida". Incluso añaden que la interlocución con Page y el asturiano Adrián Barbón es "semanal" , pese a la frialdad mutua que el único presidente autonómico con mayoría absoluta mantiene con Sánchez. De ahí, que no les sorprendiera que el presidente castellano manchego anunciase que iba a pedir un informe preceptivo al Consejo Consultivo de su comunidad para ver si es viable presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía.
"Está en su derecho", sentencian en Ferraz y también en Moncloa. En el Gobierno matizan que Page "no dijo que fuese a presentar un recurso" y recuerdan que sólo se limitó a anunciar, como paso previo, que iba a solicitar un informe preceptivo al Consejo Consultivo. Si al final le da luz verde, Castilla la Mancha se uniría a las comunidades del PP que también plantean recurrir al tribunal de garantías la norma que garantiza la impunidad a Carles Puigdemont, tal y como anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en esRadio.
Dudan de los recursos
En el Gobierno deslizan que igual, al final, Page y el resto de regiones del PP acaban por renunciar a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. "Es difícil que las Comunidades Autónomas tengan percha para hacerlo", mantienen fuentes del Ejecutivo que creen que la jurisprudencia en estos casos podría avalarles. No dudan que habrá recursos, quizás de los partidos, pero dudan que los ejecutivos regionales puedan hacerlo.
En el entorno de Page aseguran que acatarán lo que les diga el Consejo Consultivo. "Eso lo deciden los juristas y los jueces, no los políticos", remarcan en el Ejecutivo castellano-manchego. Tampoco quieren comentar las dudas de Moncloa. "Vamos a verlo", responden ante la posible falta de "percha" de la que habla el Gobierno central.
Los pasos previos que ha iniciado Castilla la Mancha son similares a las de otras comunidades. El Ejecutivo de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, ha aprobado instar a un informe pero, en vez de la Consejo Consultivo, se han dirigido a la Consejería de Presidencia e Interior que se encargará de redactar el recursos en el plazo de tres meses a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, que todavía no se ha publicado en el BOE. Es decir: no necesita el visto bueno de un órgano consultivo para presentar su requerimiento ante el TC.