Alberto Núñez Feijóo rechaza de plano la amenaza lanzada ayer por Pedro Sánchez de tomar el CGPJ si no acepta su renovación antes del mes de julio, siempre bajo sus condiciones. El líder del Partido Popular califica la propuesta como un "chantaje", un "órdago" que "no es serio". "Yo no me voy a prestar a este tipo de paripés", ha advertido.
En declaraciones a los medios desde el patio del Congreso, Feijóo ha acusando al presidente de "no ser fiable", de "mentir" por vender su propuesta como similar a la de Vicente Guilarte, presidente del CGPJ, y de "empezar a ser un peligro para la independencia judicial en nuestro país". Asegura que "vamos a defender al Estado del Gobierno".
Feijóo insta al presidente a "retomar la negociación en el punto en el que estábamos", con la Comisión Europea como mediador, decisión que ha reivindicado al asegurar que "teníamos razón cuando pedimos que la Comisión estuviese de testigo" porque Sánchez "no es fiable" y "miente a todo el mundo".
Mismas condiciones, mismo punto de partida
De momento, se desconoce la respuesta que ha dado la comisaria Vera Jourova a la petición de Esteban González Pons de convocar una "reunión urgente" a tres bandas para transmitirle el incumplimiento del Gobierno con la propuesta lanzada ayer, y retomar el diálogo en el punto que lo dejaron hace semanas.
En el PP descartan que el PSOE tenga una voluntad real de llegar a algún tipo de acuerdo, y vinculan la amenaza de ayer con la situación procesal de la mujer del presidente, y la de su hermano, en un intento por "tapar" este asunto con el ultimátum lanzado desde TVE, además de buscar la posible impunidad de ambos asaltando el CGPJ.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha reiterado que sus condiciones para renovar el CGPJ siguen siendo las mismas: nombrar a sus miembros con la ley actualmente en vigor y, en paralelo, modificarla para avanzar en la independencia del poder judicial y que los jueces elijan a los propios jueces.
El PSOE ha rechazado siempre modificar la norma de 1985, ya que supondría reducir el poder político de los partidos sobre la Justicia. Una condición que el PP considera irrenunciable, lo que ha llevado a que el CGPJ lleve cinco años en funciones, con sus atribuciones mermadas ya que no puede llevar a cabo nombramientos.