El ultimátum dado por Pedro Sánchez para pactar el CGPJ está a punto de expirar. El presidente del Gobierno dio de plazo al PP hasta el mes de julio o "el Gobierno, junto con el Congreso, daría una respuesta". Con la propuesta del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, como coartada, la presión sobre los de Feijóo para firmar un acuerdo ha ido en aumento, a nivel interno, mediático y entre los jueces, a lo que el partido ha respondido intentando acercar posturas.
La primera pista la dio Feijóo cuando el pasado 13 de junio respondió a la amenaza de Sánchez prometiendo "defender al Estado del Gobierno", al tiempo que le tendía la mano para "retomar la negociación en el punto que estaba", con Bruselas como mediador. Horas antes, el partido parecía rebajar la gravedad del órdago al hablar de "paripé", "bravuconada" o "chulería".
El 17 de junio, mientras Sánchez elevaba la apuesta, Feijóo intentaba rebajar tensión asegurando en una rueda de prensa desde Bruselas que "todo aquello que sea avanzar en la independencia judicial, el PP lo firmará", abriendo aún más la puerta a un posible pacto si el PSOE cede algo en sus posiciones, sin referirse de forma expresa a un cambio de la ley actual para que sean los jueces los que elijan a los propios jueces.
En privado el partido asegura que esa petición sigue estando sobre la mesa, y que no han renunciado a ella, pero desde hace días portavoces como Borja Sémper repiten de forma insistente la misma expresión: "Avanzar hacia la independencia judicial", en lugar de establecer líneas rojas.
Fuentes del PP admiten que, si se produce alguna propuesta por parte del PSOE, y hay algún tipo de "cesión", están dispuestos a "estudiarla". Los partidarios de intentar acercar posturas piden "gestos" al Gobierno para demostrar que existe una voluntad de acuerdo, criticando que Sánchez parezca más interesado en "reventar" la posible negociación con su ultimátum o amenazando con "hacer cumplir la Constitución con o sin el PP", como dijo ayer en el Congreso.
El PP "lo va a intentar"
Sus palabras venían precedidas de las de Feijóo, que minutos antes decía en los pasillos del Congreso "lo vamos a intentar", al ser preguntado por la posibilidad de alcanzar un pacto para renovar el CGPJ. "Si no quiere romperlo, como lo rompió la última vez, lo vamos a intentar", reiteró, recordando que la última vez todo estaba encauzado pero el Gobierno dinamitó el acuerdo anunciando la derogación de los delitos de sedición cuando estaban a punto de firmar.
Desde entonces, el PP ha exigido retomar el diálogo con la mediación de Bruselas, con Esteban González Pons y Félix Bolaños como interlocutores. Ambos siguen pilotando las conversaciones, aunque ninguna de las partes confirma avances para un pacto inminente. Sin embargo, la presión creciente desde distintos sectores, y las voces del PP que piden un acuerdo como "mal menor" ante la posibilidad de que Sánchez tome el control de la Justicia, podrían hacer mella en el ánimo de los que rechazan de plano dar oxígeno al Gobierno en este momento.
El sector reacio a ese acercamiento habla de estrategia por parte de Feijóo, para enviar el mensaje a Bruselas de que el PP no se levanta de la mesa de negociación, pero sin esperanzas reales de que el PSOE ceda. El objetivo sería, además, desprenderse de la imagen de bloqueo que se le atribuye al partido.
Sin embargo, ante la posibilidad de que finalmente los de Feijóo acaben cediendo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, optaba por ponerse la venda antes que la herida, y advertía sobre un posible pacto: "Nos va la democracia en ello", decía, mostrando su rechazo absoluto a esa posibilidad. "No podemos fallar en esto", insistía, apelando a la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial.
El Gobierno, positivo
De momento, Sánchez no ha dado muestras de ceder. El pasado jueves, en un acto con el presidente turco, Tayyip Erdogan, el presidente del Gobierno español mencionaba la propuesta del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, como "inspiración", pero evitaba aclarar más pese a la inquietud que ha generado su cambio.
"Lo que queremos es despolitizar el CGPJ", terciaba Sánchez, quien prometía que su propuesta será "plenamente constitucional" y "acorde con Europa". Para los nombramientos en el Tribunal Supremo, Guilarte propone que sus magistrados sean "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados" del propio tribunal que estaría presidido por un magistrado del Supremo o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del TS.
Una propuesta un tanto ambigua que podría ser reinterpretada, y que algunos consideran inconstitucional porque arrebata al órgano de poder los jueces la potestad que le otorga la Carta Magna para hacer esos nombramientos. Los socios de Sánchez apuestan directamente por que sea el Ministerio de Justicia el que nombre a los jueces del Supremo.
En el Gobierno se muestran positivos ante las declaraciones del PP y afirman que la negociación "parece" encauzada. Aunque recuerdan que también lo estaba con Pablo Casado, y que sólo faltó la última rúbrica, cuando los nombres ya estaban repartidos. "Hay declaraciones públicas que son difíciles de interpretar", sentencian fuentes próximas al presidente del Gobierno.
García Ortiz ¿pieza de cambio?
En Moncloa apuestan por la discreción para intentar alcanzar un acuerdo entre PP y PSOE. Es también la condición que ha puesto la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, para hacer de mediadora: que ambos acudan con un pacto casi cerrado, dadas las posturas enrocadas que ambos han mantenido hasta ahora.
Hay otra bala que el Gobierno podría ejecutar. Es la del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está al borde de la imputación por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió su "magnífica" labor, obviando que ha sido condenado por el Supremo en dos ocasiones por "desviación de poder". ¿Un respaldo público para que no dimita o los últimos parabienes antes de su cese?
De momento, García Ortiz ha filtrado que no piensa dimitir aunque sea imputado, en lo que parece un aviso a navegantes. Sánchez ha exhibido plena sintonía con el fiscal en pleno aniversario de la coronación del Rey Felipe VI, con la imputada Begoña Gómez como testigo de la buena relación que une a su marido con el fiscal general del Estado. Sin embargo, podría ser también el preludio de su caída como posible "gesto" para que el PP acabe cediendo para renovar el CGPJ.
Un acuerdo más amplio
En Moncloa no ocultan que les gustaría llegar a un acuerdo más amplio que incluye a otras instituciones pendientes de renovación como, por ejemplo, el Banco de España. El mandato del gobernador, Pablo Hernández de Cos, expiró hace unos meses y ahora al frente del organismo está, de forma temporal, la subgobernadora. Al Gobierno no le gustaría que esta interinidad se extendiese más allá de septiembre.
La otra corporación pendiente de renovar es RTVE. Tras el cese de la presidenta Elena Sánchez, al frente de la radiotelevisión está la militante del PSOE Concepción Cascajosa, que era vocal del Consejo de Administración. La idea de Moncloa es llegar a un acuerdo para acabar con otra interinidad y llegar a un pacto que de estabilidad a RTVE durante unos años.