Financiación "singular", amnistía, indultos, malversación a la medida, vaciado del delito de sedición y, por supuesto, control de las aguas territoriales. La advertencia viene de la Guardia Civil, que señala que el proceso de traspaso del control de las aguas territoriales ya ha comenzado con la venia del Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso implica el inicio de la cesión del control de las fronteras, un rasgo característico de la concesión de la soberanía propia.
La asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, ha emitido un documento en el que advierte de que el "juego político puede poner en peligro la seguridad y las vidas de los ciudadanos en la costa catalana". La asociación muestra su preocupación por lo que considera que ya es "un nuevo paso en el camino a la desaparición del Servicio Marítimo en Cataluña, tras la ampliación del despliegue de unidades marítimas de los Mossos d’Esquadra, que dispondrá de una cuarta base en las instalaciones del Puerto de Barcelona". "Tememos que, como ahora ocurre, se excluya al Servicio Marítimo de la Guardia Civil de las tareas de salvamento".
Jucil exige que el Gobierno y el Ministerio del Interior "ratifiquen de manera pública y clara a la Guardia Civil como única fuerza policial con competencias de seguridad en las aguas territoriales españolas". Los guardias aclaran que "la presencia de embarcaciones de los Mossos d’Esquadra, con competencias limitadas a tareas administrativas, puede provocar malentendidos y problemas para los ciudadanos. La exclusión de la Guardia Civil del servicio de emergencias en esta zona pone en peligro la vida de las personas". Lo cierto es que, efectivamente, en la actualidad, los guardias civiles del Servicio Marítimo no son informados por el servicio de emergencias en Cataluña, lo que dificulta las tareas de salvamento marítimo y pone en riesgo las vidas de los afectados por accidentes en estas aguas.
Por ello, Jucil reclama al Gobierno que defienda la competencia en materia de Policía Judicial en el ámbito marítimo corresponde exclusivamente a la Guardia Civil. "La falta de respuesta por parte del Ejecutivo permite que el servicio marítimo de los Mossos d’Esquadra excluya a los guardias civiles en tareas vitales para los ciudadanos, como el salvamento marítimo", añade Jucil.
Jucil insta igualmente al "Gobierno a especificar con claridad las funciones de los distintos cuerpos policiales para que la actividad de estos no afecte la seguridad jurídica de los ciudadanos. Es fundamental que el Gobierno defina claramente las competencias para evitar situaciones en las que los ciudadanos se conviertan en víctimas de la burocracia".