"En un Estado de Derecho las sentencias judicales no se discuten, se recurren". Esto ha dicho Joaquín González Casso, presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, en una entrevista con Daniel Muñoz en Es la mañana de Federico.respecto a las últimas críticas del Gobierno a los jueces.
Joaquín González, en primer lugar, ha cuestionado la actuación de los cuerpos de seguridad nacional. "El control de fronteras le corresponde a la Policía y a la Guardia Civil y evidentemente Puigdemont tuvo que entrar por alguna frontera", afirmaba el magistrado.
"Ya hay tres mossos detenidos. Podemos estar ante un delito de encubrimiento si realmente se aprovecharon de su condicion de mossos de esquadra. También se les puede culpar de desobediencia. La causa, seguramente, se va a desarrollar en Cataluña", ha explicado González respecto a las diligencias que se pueden tomar ahora en el caso.
El magistrado ha sido cuestionado sobre si España ha dado la impresión con este caso de ser un Estado fallido. "No lo sé, es posible. Es cierto que no somos los únicos responsables de este ridículo. Europa tampoco ha sabido dar una respuesta efectiva a causas de presuntos delincuentes entre estados", ha sentenciado.
El juez ha afirmado haber echado en falta una defensa del ejecutivo a sus compañeros de gremio. "Tenemos un ministro de justicia que ya ha criticado a varios jueces por determinadas actuaciones", añadía.
"No es un mal momento, pero hemos dado muy mala imagen con la renovación del CGPJ", ha afirmado González acerca de si es el momento más crítico de la separación de poderes en España. "Yo nunca me he sentido presionado por el Gobierno, pero puede que haya un porcentaje muy bajo de jueces que, teniendo que juzgar causas de alcance nacional, se hayan podido sentir presionados", ha advertido el magistrado.
Sobre la posibilidad de que se le tome un testimonio a Gonzalo Boye por su papel en la fugaz vuelta de Puigdemont a España, Joaquín González ha dicho que "si un abogado ayuda a un prófugo de la justicia, puede incurrir en responsabilidad penal". El presidente de la Audiencia Ncional de Cáceres ha advertido que puede haber imputaciones graves en el Ministerio de Interior "desde la perspectiva política o administrativa", aunque "desde el punto de vista penal, no".
La Consejería de Interior de Cataluña insistió muchas veces en su rueda de prensa en la consideración de que no se estaba cumpliendo la ley de amnistía. Sobre las consecuencias legales que esto podría tener, el magistrado ha afirmado que "en un Estado de Derecho las sentencias judicales no se discuten, se recurren". "Si el TS ha sentenciado que la malversación no es amnistiable, un consejero de interior no es quien para discutir esa decisión judicial", ha añadido el entrevistado en esRadio.
Joaquín González ha finalizado el encuentro siendo cuestionado por la posible complicidad entre el Gobierno central y la Generalidad de Cataluña para que Puigdemont no fuera detenido. "La línea que puede seguir el Tribunal Supremo puede ir por ahí, pero es muy complicado aventurarlo", ha explicado González.