El Gobierno ha asumido por completo el discurso de Junts y ERC, que denuncian la existencia de lawfare para eludir toda responsabilidad en la comisión de los delitos. La portavoz separatista, Míriam Nogueras, lleva tiempo señalando a jueces desde la tribuna del Congreso con total impunidad y, desde entonces, los ataques han ido en aumento hasta sumar al propio Pedro Sánchez cuando su familia está entredicho.
Esta semana se ha evidenciado más que nunca la batalla que el Ejecutivo emprendió hace tiempo contra el Tribunal Supremo, actual dique de contención contra la Ley de Amnistía. El ministro Óscar Puente cuestionó su decisión de no aplicársela a condenados como Carles Puigdemont por el delito de malversación, llegando a decir que "no hay por donde agarrar" esa acusación. Un ataque en el que profundizó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al asegurar que sólo le piden "que se ajuste a derecho".
La presiones han ido en aumento pese al malestar que generaron estas palabras dentro de la judicatura, hasta el punto de que Puente se reafirmó apenas un día después y englobó sus ataques dentro de la libertad de expresión, obviando que el señalamiento parte de un miembro del Gobierno que, como representante de uno de los tres poderes públicos, su obligación debe ser garantizar su independencia en lugar de interferir en la labor de los jueces.
La presión ejercida coincide con la exigencia de sus socios de Junts y ERC para aplicar la amnistía a toda costa. En los últimos días diferentes portavoces han criticado al Gobierno por su inacción en este sentido, mostrando su insatisfacción por el incumplimiento del acuerdo alcanzado para la investidura. Ambos partidos tienen en su mano la supervivencia del presidente y de la legislatura, especialmente en un año en el que deben negociar los Presupuestos Generales del Estado.
Despojarse de las dudas por corrupción
El ataque a los jueces permite además al Ejecutivo blindar a Pedro Sánchez ante las dudas de corrupción que giran en torno a su familia. Al caso de su mujer, Begoña Gómez, se suma ahora el de su hermano, David Sánchez, lo que pone en serios aprietos al Gobierno, que sigue sin dar explicaciones. La forma de reaccionar ha sido cuestionar la labor de los tribunales para intentar sacudirse las sospechas.
El frente abierto contra el TS por parte del Gobierno se produce, además, en plena negociación del CGPJ para elegir un nuevo presidente, en una negociación que, de momento, no da sus frutos. Al Ejecutivo le urge este nombramiento con el que espera hacerse también con el control del Alto Tribunal después de haber colonizado el Tribunal Constitucional nombrando presidente a Cándido Conde-Pumpido.
Engordar a costa de ERC
A él, precisamente, fue dirigida la sutil rectificación que hizo Bolaños de las declaraciones de Puente cuando avanzó que el TC avalaría la amnistía en contra del criterio del TS. El ministro de la Presidencia tuvo que salir a decir que "somos un Estado de Derecho y contra las resoluciones de las que uno discrepa cabe presentar recurso", intentando vestir de normalidad que se cuestionen las sentencias del Supremo a través de un recurso en el Constitucional.
El discurso empleado por el Gobierno le permite, además, absorber una de las banderas de los separatistas en la senda emprendida por el PSOE desde hace tiempo para intentar absorber todo el voto que no es de derechas. Después de engullir a Sumar, con dudoso resultado en el cómputo global, la única forma de sobrevivir sería engordar a costa la izquierda separatista mimetizándose con su discurso. Una estrategia peligrosa para el país por ser un partido de gobierno a la que Sánchez ha apostado su propia supervivencia.