Alberto Núñez Feijóo regresa este lunes de sus vacaciones, alargadas por la operación de desprendimiento de retina a la que se sometió a finales de julio. El presidente del PP reúne a su comité de dirección en un arranque del curso político que viene marcado por la concesión del cupo catalán, el cerco judicial a Pedro Sánchez, la inmigración o la situación en Venezuela.
El PP prepara varias medidas para combatir al Gobierno en distintos frentes: el próximo 6 de septiembre Feijóo reunirá a todos los presidentes autonómicos para coordinar las iniciativas políticas y judiciales que impidan romper la caja común de los españoles; en el Senado llamarán a declarar a Pedro Sánchez como testigo por el caso de su mujer, Begoña Gómez; y, por último, impulsarán diferentes declaraciones en el Congreso y el Parlamento europeo para reconocer a Edmundo González presidente electo de Venezuela.
La reunión precede a la de la Diputación Permanente que tendrá lugar mañana en el Congreso, dado que agosto es inhábil, para abordar las peticiones de comparecencias registradas por el PP, entre ellas la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el acuerdo suscrito con ERC. Un pacto del que renegó la semana pasada y que, quince días antes de que el PSC lo firmara, dijo que nunca se llevaría a cabo.
El PP acusa al Gobierno de "mentir" creyendo que los españoles "somos tontos", en un acuerdo que califican como "vergonzoso" e inaplicable, dado que no sólo se salta la Constitución, sino que pone en jaque al propio sistema autonómico en lo que el PSOE vende como un paso hacia la "España plurinacional".
Los de Feijóo admiten desconocer si el Ejecutivo será capaz de consumar sus planes, recordando que partidos como Compromís, integrado en Sumar, han advertido que no lo apoyarán. Por ello piden que cualquier negociación se produzca en el marco de el Consejo de Política Fiscal y Financiera, dado que cualquier modificación afecta a todas las regiones.
Un Gobierno cada vez más débil
Ajeno a toda crítica, el Gobierno tuvo que salir el pasado jueves a matizar las palabras de Montero, ante la amenaza de ERC de dejar caer a Pedro Sánchez en Madrid y a Salvador Illa en Barcelona. El ministro Jordi Hereu prometió cumplir el acuerdo "al 100%", evidenciando la disparidad de opiniones que existen en el seno del propio Ejecutivo, y que se extiende a las federaciones del PSOE, con quejas públicas de los barones de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, y de Asturias, Adrián Barbón.
Ni siquiera la amnistía dejó patente un choque de este nivel entre los socialistas. A pesar de la gravedad de que la norma acaba con el Estado de Derecho, la falsa percepción de que no afecta directamente a los ciudadanos motivó un cierre de filas que acabó garantizando su aprobación. Sin embargo, el cupo catalán afecta al bolsillo de los españoles y pone en riesgo el escaso poder territorial del PSOE, aumentado gracias, precisamente, a este pacto.
La inmigración, nuevo caballo de batalla
El inicio del curso político viene marcado también por la grave crisis migratoria que afecta a España, dado que la llegada de inmigrantes se ha incrementado en un 60% en lo que va de año, si se compara con el mismo período de 2023. Unas cifras alarmantes que, dada la falta de liderazgo del Gobierno de Pedro Sánchez, está provocando el caos en la CCAA, especialmente Canarias, donde las autoridades están desbordadas.
El PP ha endurecido su discurso en esta materia al reclamar un control de fronteras más eficaz, pero marcando distancias con el discurso de Vox que califican de "xenófobo". Una línea que mantendrán en adelante, denunciado el "buenismo del gobierno" y el rechazo absoluto de los de Santiago Abascal. Los de Feijóo reclaman a Sánchez que reúna a la Conferencia de Presidentes para abordar este problema y recuerdan que no ha sido capaz de reunirse con un solo presidente autonómico del PP en el año que llevan gobernando.