La acusación del caso Koldo-PSOE ha caído en la cuenta de un pequeño y demoledor detalle que figura en el informe de auditoría del Ministerio de Óscar Puente. Y es que no consta la situación o destino de nada menos que 8 millones de mascarillas por las que se pagaron 20 millones de euros. El equipo jurídico ha reclamado ya judicialmente su búsqueda.
Los datos aportados por la acusación se basan en el propio informe elaborado por Óscar Puente en base al que el Gobierno ha marcado aún más distancia con el ex ministro y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos. La acusación llevada a cabo por Liberum señala en su escrito judicial que "el propio Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, D. Óscar Puente Santiago, el pasado viernes, ante la Comisión del Senado hizo público el contenido del Informe de Auditoría y anunció las consecuencias, a saber, los ceses del Subsecretario D. Jesús Gómez García, y del Director General de personas de ADIF, D. Michaux Miranda Paniagua, a la sazón, ambos investigados en el presente procedimiento de DDPP no 65/23, por falta de confianza".
Y que, "a la vista del contenido del Informe de Auditoría de 19 de agosto de 2024 de la Dirección General de Organización e inspección en relación con los expedientes resultantes en ejecución de las Órdenes TMA/263/2020 y TMA/292/2020 de 26 de marzo, firmado por la Subdirectora General, se evidencian los siguientes hechos […]: que el citado Informe de Auditoría indica que la distribución de 8.000.000 de mascarillas se realizaría en dos bloques de destinatarios, con los siguientes resultados: «De los 4.000.000 de mascarillas cuyos destinatarios eran las Entidades públicas adscritas al Ministerio, solo existe constancia documental de entrega de 1.138.195,4 mascarillas [...] No se tiene constancia documental de que 2.861.806 de mascarillas, que suponen 7.262.832,73 €, hayan llegado a sus destinatarios finales (negritas nuestras)». «Por otra parte, de la documentación analizada, de los 4.000.000 de mascarillas con destino al sector del transporte terrestre y al personal del Ministerio: no consta acta de entrega ni recepción de mascarillas por parte de la empresa Raminatrans a la entonces Dirección General de Transporte Terrestre. No hay acta de recepción por parte de Correos de las mascarillas cuya distribución asume. No hay actas de entrega de mascarillas a las Comunidades Autónomas. No hay actas de entrega de mascarillas a las empresas ferroviarias".
En consecuencia, "de los 8.000.000 de mascarillas recibidas no hay constancia de haber sido distribuidas a sus destinatarios finales 6.861.806 mascarillas (2.861.806 + 4.000.000), lo que supone un importe de 17.154.515 euros (6.861.806 x 2,50 €). Pero es que, además, "en relación con los Expedientes 2.20/04110.0055 y 2.20/04110.0059, respecto de la Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, se procede a la adquisición de 5.000.000 de mascarillas para ADIF. Y resulta que, "según el informe de auditoría, aunque no se encargó oficialmente a ADIF la distribución de las mascarillas, finalmente, se encargó de ello, y esta contrató la empresa RAMINATRANS S.L. En relación con la ejecución el IdA dice: «Actas recibidas acreditadas documentalmente. 3.859.023 unidades (9.815.810,90 €). Actas sin acreditar documentalmente: 1.140.977 unidades (2.902.189,10 €), de las cuales 1.092.477 corresponderían a Adif".
En consecuencia, de este segundo envío de mascarillas, "1.140.977 unidades están sin acreditar su distribución, lo que supone 2.902.189,10 €", según el informe. Así pues, "en total se reconoce que no existen actas de distribución a los destinatarios finales de 8.002.783 mascarillas (2.861.806 + 4.000.000 + 1.140.977 unidades); lo que, supone un importe aproximado a las arcas públicas de: 20.006.957,50 euros (8.002.783 x 2,50 € + IVA)", señala la acusación.
"Sin duda, es necesario y útil para esta investigación esclarecer la cadena de custodia del objeto del presente procedimiento que, no fue otro que la adquisición de material sanitario, mascarillas, para el personal del MITMA; empero más de 8 millones de unidades se desconoce su destino, lo que, supone un enorme importe económico, y merece al menos practicar las diligencias que se proponen a continuación", añade la acusación.