El texto del plan contra los "ecocidios" de Sumar se presentó en plenas inundaciones: el 6 de noviembre. Allí pidió, no actuar con urgencia para limpiar los cauces y construir embalses y presas. Todo lo contrario: exigió "reconocer el ecocidio como crimen autónomo en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y apoyar el reconocimiento en todos sus pasos, de acuerdo a la definición de Vanuatu, Fiyi y Samoa en su propuesta a la Corte Penal Internacional presentada el pasado 9 de septiembre de 2024". Y entre sus ecocidios, por supuesto, se encuentran lo que consideran como daños graves o duraderos al medio ambiente. Y los ríos están ahí.
El "ecocidio" fue definido en junio de 2021 por un panel internacional de juristas defendido por distintos organismos de la ONU como "cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente". Y ahora Sumar pide su aplicación inmediata: "Transponer de manera inmediata de la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y por la que se sustituyen las Directivas 2008/99/ CE y 2009/123/CE".
Pide incluir el ecocidio en el Código Penal
Sumar también exige "presentar un proyecto de ley para incluir el delito de ecocidio en el código penal español según la definición aportada por los estados de Vanuatu, Fiyi y Samoa en su propuesta a la Corte Penal Internacional presentada el pasado 9 de septiembre de 2024". Y "reforzar los recursos en la Fiscalía de Medio Ambiente, así como otras unidades especializadas del Ministerio Fiscal, para adecuar la práctica de diligencias, intervención o instrucciones en aquellos procesos penales relacionados con los recursos naturales, el medio ambiente, la protección de la flora y fauna e incendios forestales".
Y el problema de fondo de todo ello es el deseo de formaciones como Sumar de garantizar un blindaje en la protección de los cauces de los ríos de tal forma que sean imposibles de adecuar a las necesidades humanas, como, de hecho, ya está pasando.
"De acuerdo a la propuesta presentada en la Corte Penal Internacional por Vanuatu, Fiji y Samoa, podríamos definir ecocidio como «acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente». Sin embargo, "el ecocidio está íntimamente relacionado con otros crímenes como la estafa, el soborno, el asesinato e incluso el genocidio, como han defendido algunos autores", afirma Sumar.
"El sector financiero tampoco está exento de responsabilidad. Son numerosas las noticias en prensa sobre la comercialización con fondos verdes de productos financieros que no son en absoluto sostenibles pero son vendidos como tales al cliente bancario", añade la explicación de Sumar, ampliando el efecto de este supuesto delito amplificado.
"En definitiva, el ecocidio está íntimamente ligado a otros excesos y crímenes colaterales como la desinformación, la estafa, el soborno e incluso el asesinato, entre otros. Indudablemente, los incentivos económicos para algunas empresas multinacionales han probado ser suficientemente estimulantes para quebrantar cualquier barrera legal y moral. Más si consideramos que la presión por parte de la sociedad civil en favor de un sistema más sostenible es creciente; el negocio se acaba y hay que apresurarse a extraer recursos lo antes posible", añade Sumar.
Sumar acusa a Moreno Bonilla
"La pasividad de un gobierno también la encontramos en nuestro país. A pesar de ser una práctica extendida y extensiva durante mucho tiempo, el gobierno andaluz no ha sido proactivo en la persecución de los regadíos ilegales que han afectado gravemente al Parque Natural de Doñana. En lugar de perseguir tan nociva práctica, la del robo de agua sistemático, el gobierno andaluz del señor Moreno Bonilla se planteó incluso regularizar los cultivos ilegales", acusan desde Sumar.
"El sistema regulatorio del que nos hemos dotado a menudo no es suficiente para proteger y evitar crímenes climáticos, sea por falta de recursos (humanos, económicos…) o por activa voluntad política de no controlar y hacer cumplir la regulación existente de protección y control. Ante la evolución cada vez más preocupante de la crisis climática nos urge a tomar medidas de todo tipo, también penales, que modifiquen el sistema de incentivos actual. Las empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático continúan con modelos de negocio que pueden tener gravísimas consecuencias a medio plazo pero que ya tienen consecuencias graves en este momento", añade la formación.